La fiscalización de El Puerto muestra "graves" deficiencias en empresas y contratos municipales

El Informe de fiscalización del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María correspondiente a los ejercicios 1995 a 2000 presentado hoy por el Tribunal de Cuentas recoge "graves" deficiencias en el ámbito contractual y en el de las empresas municipales, entre otros muchos aspectos.

En primer lugar, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, expuso en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que la falta de entrega al organismo que preside de diversa documentación por parte del consistorio gobernado por Independientes Portuenses (IP) ha dado lugar a "limitaciones" en el análisis del inmovilizado, en el de la contratación del Ayuntamiento y en el de la actuación de las sociedades municipales 'Impulsa el Puerto' y 'Empresa Municipal del Suelo y Vivienda'.

Así, Nieto destacó que la gestión de la primera de estas empresas municipales "se ha caracterizado por la falta de soporte documental" y sus cuentas anuales "no reflejan la imagen fiel". El informe de fiscalización también advierte de deficiencias en la venta del Polígono Industrial Salinas de San José, donde más del 70 por ciento de la superficie se vendió a un precio inferior a lo establecido por el Consejo de Administración.

En la misma línea, recoge que el terreno del Parque Comercial La Isleta se vendió sin promoción de concurrencia y que la adquisición y venta de los terrenos para un campo de golf se hizo sin estudios técnicos, económicos y de viabilidad. "De la misma manera en los contratos de obras y de servicios no se ha garantizado la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia", añade.

Por otra parte, el informe del máximo órgano fiscalizador recoge que "no consta" que la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda haya dado publicidad a sus promociones. Además, recalca que no contó con ningún procedimiento normalizado para la adjudicación de las viviendas ni priorizó las solicitudes ni justificó el procedimiento de cálculo de los precios de venta.

El Tribunal de Cuentas también ha recogido la falta de controles sobre el cobro de las tasas de basuras, tarea encomendada a la Empresa Aguas del Puerto. Del mismo modo, la Empresa Servicios Económicos de El Puerto, "no contó con procedimientos normalizados en la recaudación de los tributos municipales".

Tratado de gestión oscurantista

A la vista del documento, el portavoz del Grupo Popular Aurelio Sánchez, indicó en su comparecencia que se trata de "todo un tratado descriptivo de cómo no debe gestionarse un Ayuntamiento" y que pone de manifiesto el "oscurantismo y la prepotencia" con que los que gobierna IP.

Además, Sánchez, portavoz 'popular' en el Ayuntamiento de El Puerto, preguntó al presidente del Tribunal de Cuentas la consideración que reciben las alegaciones presentadas por las empresas municipales objeto de las investigaciones y que mencionan un posible "desconocimiento del tribunal" y defienden que sus procedimientos no están obligadas a someterse a las reglas de publicidad y concurrencia.

Al respecto, el presidente del tribunal recordó que esta fiscalización, pedida por las Cortes Generales y el Parlamento Andaluz y que ha seguido el procedimiento habitual, contempla que las alegaciones "están dentro de un proceso denominado contradictorio por el que el fiscalizado puede decir lo que quiera". "Después de oídas, es el Tribunal de Cuentas el órgano superior de fiscalización y el que decidirá".

Recomendaciones de publicidad y concurrencia

Por último, el Tribunal de Cuentas manifestó que recomienda al Ayuntamiento que incorpore ajustes contables, que elabore un inventario, que forme el Patrimonio Municipal del Suelo -otra de las carencias detectadas en el informe- y un registro de contratos actualizado para garantizar la publicidad y concurrencia.

El máximo órgano de fiscalización también tiene recomendaciones para las empresas municipales. Así, insta a la aprobación de planes integrales de actuación, la implantación de una contabilidad de costes y el establecimiento de procesos que hagan efectivos los principios de publicidad y concurrencia en los contratos.