El fiscal rebaja a la mitad la petición de penas en el macrojuicio al entorno de ETA

El fiscal de la Audiencia Nacional ha rebajado en casi la mitad la petición total de condena para los 53 acusados de integrar los aparatos político, financiero y social de ETA. A uno de ellos, José Ignacio Uruñuela, le ha retirado la acusación, aunque para otro ha pedido un aumento de pena.

Tras más de 17 meses de macrojuicio, el más largo que ha celebrado en su historia la Audiencia Nacional, Enrique Molina ha modificado sus conclusiones provisionales con una considerable rebaja de las penas reclamadas, y que ahora oscilan entre los 4 y los 19 años de cárcel, mientras que al inicio del juicio, el 21 de noviembre de 2005, oscilaban entre 10 y 51 años.

Los máximos beneficiados por esta modificación han sido, además de Uruñuela, el ex dirigente de KAS Xabier Alegria, para el que antes pedía 51 años de cárcel y ahora solicita 13, el ex miembro de la Mesa Nacional de HB y ex presidente del Consejo de Administración del clausurado diario Egin José Luis Elkoro (de 48 a 19) y el ex consejero de Orain -editora de Egin- Francisco Murga (de 49 a 19).

Además, el fiscal pide que se declare responsables civiles por defraudar más de 1,6 millones de euros a la seguridad social, junto a la empresa ORAIN, a José Luis Elkoro, Francisco Murga, Isidro Murga -al único al que le aumenta la pena (de 16 a 19 años)-, Jesús María Zalakaín (de 48 a 19) e Ignacio José Zapiain (de 16 a 4).

Muchas peticiones de ilicitud

También considera procedente "declarar asociaciones ilícitas y confirmar la disolución" de la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS), de la organización EKIN -considerado el aparato político de ETA- y de la asociación europea Xaki, así como el decomiso y liquidación de su patrimonio.

Esta causa, instruida por el juez Baltasar Garzón, engloba las operaciones policiales contra KAS y su sucesora EKIN, el diario Egin, la revista Ardi Beltza, XAKI y la Fundación Joxemi Zumalabe por la llamada "trama de desobediencia civil". Asimismo solicita que se decrete la ilicitud de las sociedades investigadas en esta causa: ORAIN, ARDATZA, HERNANI INPRIMATEGIA, ERIGANE, GADUSMAR, M.C. URALDE, UNTZORRI BIDAIAK-GANEKO y GRUPO UGAO, además de su decomiso y liquidación de su patrimonio.

Molina también pide que se declaren nulas las operaciones de transmisión patrimonial de ORAIN a la editora ARDATZA de 5 de marzo de 1993, y las transmisiones patrimoniales de ARDATZA a ERIGANE referidas a la nave industrial del Polígono Eciago y al inmueble de la calle Monasterio de Iranzu de Pamplona.

El proceso comenzó con 56 acusados en el banquillo, pero la cifra se ha reducido a 53 después de que el pasado 25 de abril uno de ellos, Jokin Gorostidi, falleciera a consecuencia de un infarto y de que el tribunal acordara excluir de la vista por motivos de salud a otros dos, Iñigo Elkoro Ayastui y José Ramón Aranguren.