El ex alcade de Andratx y el ex celador de obras reingresan en prisión

El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y el ex celador de Obras del Consistorio, Jaume Gibert, han ingresado hoy a las 17:15 horas y a las 17:25 horas respectivamente, en la prisión provincial de Palma, tras el auto dictado ayer por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma que decretó prisión provisional comunicada y sin fianza durante un plazo máximo de dos meses.

Hidalgo ha ingresado en prisión visiblemente cansado y con talante serio y acompañado por su abogado, Rafael Perera, quien no quiso hacer declaraciones. Por su parte, el ex celador ha aparecido en el recinto penitenciario sin su abogado.

El dictamen de la Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Anticorrupción, Joan Carrau, contra el Auto dictado por el Juzgado de Instrucción número doce de Palma, el pasado 13 de diciembre de 2006, en el que decretó libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros para Hidalgo y de 60.000 euros para Gibert.

Suspendido el Plan de Urbanismo

Asimismo, la Comisión de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca ha aprobado por unanimidad la suspensión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Andratx, donde se investiga un presunto caso de corrupción urbanística.

Esta decisión implica la suspensión en el municipio de cualquier tipo de actuación urbanística, entre las que se incluye también la concesión de licencias, aunque sí se permitirá acometer obras menores de reforma y rehabilitación.

Además, la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por recomendación de la Ponencia Técnica de Urbanismo, ha instado al Ayuntamiento de este municipio a que apruebe la suspensión inmediata de todas las licencias. La suspensión de licencias es una medida cautelar que se puede alargar por un periodo máximo de dos años y que no afecta a los proyectos que ya están en marcha o que tienen concedida licencia.

El presidente de la Comisión, Bartomeu Vicens, explicó a los medios que esta medida tardará unos tres meses en entrar en vigor, pues el Ayuntamiento de Andratx tiene un plazo de quince días para presentar alegaciones y, posteriormente, será sometida a consideración del Consell Consultiu y será votada en el pleno del Consell de Mallorca.