Ordenan nuevas pruebas para determinar minusvalías en los casos "dudosos" de la 'Operación Karlos'

El Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz ha ordenado nuevas pruebas para determinar las minusvalías en los casos "dudosos" de la 'Operación Karlos' -trama de fraude a la Seguridad Social que expedía certificados falsos de incapacidad laboral para la obtención de pensiones-, entre los que se encuentra el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero.

Según informaron fuentes del caso, el juzgado ha citado a todos aquellos implicados en la trama de fraude a la Seguridad Social sobre los que se tenían "dudas", con el fin de corroborar si existe o no minusvalía. Así, y puesto que lo que se está discutiendo es si las pensiones eran legales o no, el juzgado los ha citado para someterles a las pruebas oportunas.

En este sentido, Carretero fue citado por el juzgado el pasado día 18 enero para que el forense le realizara las pruebas médicas necesarias. En estos momentos, según las citadas fuentes, el ex jefe de la Policía Local de Ubrique está a la espera de que se realice el informe para ver si se corresponde con la minusvalía que él tiene o no.

Las investigaciones de la 'Operación Karlos' se iniciaron en octubre de 2005, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que Carretero podría estar implicado en una trama organizada dedicada a lograr de manera ilegal la concesión de pensiones por incapacidad laboral.

Para ello, Carlos Carretero supuestamente contaba con la connivencia del inspector médico Francisco Casto, que se apoyaba en determinados facultativos para conceder bajas e informes médicos falsos, por los que habría percibido entre 9.000 y 24.000 euros.

Al parecer, en los casos en los que el beneficiario carecía de dinero, los dirigentes de esta trama le facilitaban una póliza a través de entidades bancarias, que posteriormente era abonada al banco una vez concedida la pensión.

Así, una vez recibido el dinero, o parte del mismo, Carretero habría instado a los aspirantes a dicha prestación residentes fuera de la capital gaditana a que fijaran su domicilio en esta ciudad, ofreciendo direcciones de sus propios familiares y de un facultativo implicado en la trama. Luego, Casto Pérez presuntamente emitía su informe favorable. Previamente, el candidato debía estar de baja médica o bien haber sido atendido de urgencias en un hospital.