Madrid llevará al Constitucional el decreto que limita los bancos privados de cordón umbilical

El Gobierno de Madrid planteará un conflicto de competencias con el Estado ante el Tribunal Constitucional sobre el Real Decreto que regula los bancos de sangre de cordón umbilical, al estimar que "invade las competencias" regionales y "ataca la libertad de los padres" que quieran guardar sangre de sus hijos.

Así lo ha anunciado hoy el vicepresidente primero del Gobierno regional, Ignacio González, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde se ha acordado adoptar esta medida, al haber transcurrido el plazo máximo de un mes desde que el Ejecutivo madrileño requirió al Gobierno para que derogara la normativa que regula los bancos privados de sangre de cordón, sin que se haya atendido ese requerimiento.

El Gobierno de Madrid basa su última decisión en que el Real Decreto del Gobierno, además de "invadir" las competencias de la Comunidad, "cercena la libertad" de los padres de conservar la sangre de cordón de sus hijos; "la de las empresas", porque impide la creación de bancos privados y "sitúa a los españoles en una posición infinitamente peor" que otros europeos, que disponen sin problema de estos depósitos.

En espera de respuesta desde noviembre

La Comunidad, que requirió al Gobierno para que derogara el Real Decreto en noviembre del año pasado, considera desestimada aquella petición, al no haber obtenido respuesta y, tal y como anunció en su momento, pasa ahora a la presentación del conflicto de competencias ante el Constitucional, con petición de suspensión de la norma estatal.

El gobierno madrileño considera que esta norma del Estado "apenas deja margen de maniobra a las Comunidades para adoptar políticas propias en la materia, y complementar la normativa para adaptarla a sus peculiaridades e intereses".

Además, opina que "no existe ninguna habilitación legal al Gobierno para regular la utilización de células y tejidos humanos, ni el régimen jurídico de los bancos de sangre de cordón ", por lo que advierten de que "la norma podría exceder del ámbito propio de este tipo de disposiciones reglamentarias".

En defensa del ciudadano

El gobierno regional mantiene "su defensa del derecho de los ciudadanos de elegir entre un depósito privado o la donación a un banco público" y añade que el papel de la Administración "debe ser garantizar esa opción individual, libre y voluntaria".

Asimismo, el Ejecutivo madrileño ha anunciado que "agotará todos los recursos jurisdiccionales a su alcance para que se garantice el cumplimiento de la legalidad vigente".