El presidente de Bolivia, Evo Morales, dirigiéndose al Congreso Nacional, donde hoy ha presentado su visión de los primeros doce meses de gestión al frente del Ejecutivo. /EFE
en un extenso informe

Evo Morales anuncia más nacionalizaciones para este año en Bolivia

Empezará con las compañías mixtas conocidas como capitalizadas, que tienen socias multinacionales, en las que se pruebe la corrupción o el incumplimiento

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Bolivia nacionalizará las compañías mixtas con socios multinacionales en las que se compruebe corrupción o incumplimiento de inversiones comprometidas, ha anunciado hoy el presidente Evo Morales.

En un informe al Congreso de casi cuatro horas y media, con motivo de su primer año en la Presidencia, ha enumerado los logros de su gestión en diferentes áreas y ha destacado su política de control estatal de los recursos naturales y el triunfo que supuso la nacionalización petrolera.

Según Morales, en algunas compañías mixtas o capitalizadas una investigación ha encontrado "muchas ilegalidades" sobre sus inversiones y su administración.

"Con mucha sinceridad, si encontramos algunas que no cumplen con las leyes bolivianas (...), esas empresas volverán a manos del Estado", ha dicho Morales.

De las diez capitalizadas, tres son petroleras ya nacionalizadas en 2006 y en las restantes hay inversores estadounidenses en el sector eléctrico, chilenos en el ferroviario, italianos en telecomunicaciones y bolivianos en la aviación.

Tributos de hasta el 82%

Morales nacionalizó el sector petrolero en mayo pasado, obligando a las empresas a pagar tributos de hasta el 82 por ciento sobre sus producción, pero la medida aún no está consolidada porque continúa negociando con las multinacionales cómo asumir el control accionarial de cinco empresas.

En la minería, el mandatario ratificó su decisión de expropiar empresas que pertenecían al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y que fueron compradas por la suiza Glencore, entre ellas la planta de fundición Vinto en la zona andina. El mandatario pidió a los parlamentarios su cooperación para que esa fundidora vuelva al Estado, al asegurar que su venta en la década pasada fue "fraudulenta".