El juez Del Olmo se inhibe en el caso de los arrestos por traficar con explosivos

El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, que investiga las actividades de una presunta trama de corrupción policial que traficaba con explosivos, ha dictado un auto por el que se inhibe de seguir instruyendo esta causa en favor de los juzgados de instrucción ordinaria de Leganés (Madrid), localidad en la que se produjeron los presuntos hechos delictivos.

La inhibición del titular del Juzgado central de Instrucción número 6 había sido solicitada por dos de los policías investigados, Jesús Parrilla y Celestino Ribera, a quien el juez imputa un delito de revelación de secretos.

Según fuentes jurídicas, el magistrado considera que los órganos judiciales de esta localidad madrileña son los competentes para continuar la investigación, aceptando así la solicitud de inhibición que le formuló el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo.

El pasado día 5, Del Olmo ordenó el ingreso en prisión incondicional de seis de los siete imputados en relación con la trama que habían sido detenidos, entre ellos tres policías, aunque posteriormente decretó la libertad bajo fianza de 150.000 euros para dos de ellos.

La decisión cuenta con el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El magistrado acepta así la solicitud de inhibición que le formuló el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, quien emitió un informe el pasado día 12 favorable a que los Juzgados de Leganés sean los que investiguen la trama delictiva, aunque señaló que Del Olmo debía seguir instruyéndola hasta que otro juez la admita.

La competencia se ha ido diluyendo

En el auto, el magistrado explica que el delito inicial que fijaba la competencia de la Audiencia Nacional para investigar esta causa era el de colaboración con organización terrorista en conexión delictiva con el de tenencia y transporte de sustancias explosivas, pero subraya que "en el curso de la instrucción judicial se ha ido diluyendo".

"Ha surgido la presunta existencia de una trama delictiva formada por algún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que con incumplimiento de sus obligaciones legales, presta su capacidad operativa para presuntos delitos de tráfico de sustancias explosivas, tráfico de drogas y otros que en su desarrollo sean necesarios (falsificación en documento oficial, omisión en el deber de perseguir delitos), amén de los que sean sus consecuencias (acusación o denuncia falsa, detención ilegal,etc.)", añade.

Además, Del Olmo recuerda que al investigar el entramado delictivo se ha ampliado el objeto de la instrucción a otro "eventual" delito, como es el de la revelación de secretos con grave perjuicio a la causa pública. En todo caso, agrega el juez, "esos delitos no son competencia de la Audiencia Nacional al no estar encuadrados en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Además, recuerda que la cuestión de competencia "se suscitaba ya con anterioridad" en la última fase de la instrucción, "pero la misma se precipitó y se apreció claramente después" de practicar las diligencias de investigación.