La Fiscalía de París pide cuatro años de cárcel para los abogados de dos etarras
Considera probada la complicidad orgánica entre "algunos" abogados habituales de activistas de ETA encarcelados en Francia y la banda terrorista
Actualizado:La Fiscalía de París ha considerado hoy probada la complicidad orgánica entre "algunos" abogados habituales de activistas de ETA encarcelados en Francia y la banda terrorista. Es el caso, según el Ministerio Público, de Unai Errea e Itziar Larraz, del Colegio de Abogados de San Sebastián, contra los que el fiscal Jean-Michel Bourlès requirió cuatro años de cárcel de "firme" cumplimiento por su supuesta complicidad con ETA.
Ésta es la primera vez que abogados habituales de acusados de ETA en Francia son juzgados en este país (donde actualmente hay unos 160 activistas de ETA encarcelados) por complicidad en asociación de malhechores con fines terroristas y por entregar o recibir correspondencia a presos o de presos de forma ilegal.
Tanto Errea, de 33 años, como Larraz, de 31, han rechazado todos los cargos que se le imputan por hechos de 2003 y 2005. Su defensa, que ha recusado al presidente del tribunal, el juez Philippe Vandingenen, por supuesta falta de imparcialidad, ha denunciado, por su parte, la voluntad de la justicia francesa de "incriminar" el trabajo de los abogados que defienden a etarras.
El juicio, que arrancó ayer con un día de retraso por cuestiones de procedimiento, ha estado salpicado de incidentes, que motivaron incluso la intervención en persona del presidente del Colegio de Abogados de París, Yves Repiquet, ante la Corte.
El fiscal Bourlès justificó su petición de pena contra Errea y Larraz por considerar probado que son "cómplices de asociación de malhechores con fines terroristas por ayuda o asistencia".
Control judicial
Errea hizo ocho meses de prisión preventiva en el marco de este sumario, mientras que Larraz sólo fue sometida a control judicial. "Errea y Larraz han transmitido documentos a activistas detenidos y lo han hecho de forma consciente, decidida por ETA y con fines específicos", afirmó el fiscal.
Para ambos, pidió además diez años de prohibición de residencia en Francia y de ejercicio de la profesión.