El presidente venezolano, Hugo Chávez. / EFE
respuesta al embajador de españa en caracas

Venezuela garantiza a España que no concederá la nacionalidad a los cuatro etarras

El Gobierno venezolano ha desmentido a su vez la indemnización a otros dos miembros de la banda terrorista expulsados en 2002

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El Gobierno de Venezuela ha garantizado hoy al embajador de España en Caracas que no concederá la nacionalidad a cuatro etarras residentes en el país y que no indemnizará a otros dos miembros de la banda terrorista expulsados en 2002, según fuentes diplomáticas.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha explicado que el embajador, Raúl Morodo, se ha entrevistado hoy con el ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, quien le ha asegurado que las autoridades de su país "desautorizan" el contenido de los acuerdos de los que se han hecho eco informaciones periodísticas.

Según esas informaciones, ratificadas por el colectivo de apoyo a los presos de ETA Askatasuna, el Gobierno venezolano se habría comprometido con los etarras Lorenzo Aiestarán, Ángel Aldana, Jesús Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa a facilitar los trámites para la obtención de la nacionalidad, lo que les permitiría evitar su extradición a España.

Además, otros dos etarras, Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza, serían indemnizados con más de 325.000 euros por haber sido entregados a la justicia española en 2002.

"Con total seguridad"

El portavoz de Exteriores ha subrayado que el ministro venezolano ha transmitido al embajador español, "con total seguridad", que no habrá ni concesiones de nacionalidad ni indemnizaciones. Según la misma fuente, el Gobierno venezolano tiene previsto realizar un pronunciamiento oficial en las próximas horas.

Acuerdo amistoso

El abogado venezolano Marino Alvarado ha ratificado esta tarde que en junio se firmó un acuerdo amistoso entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela y los abogados de los dos etarras que fueron expulsados en el año 2002, en el que se establecía una indemnización de 1.000 millones de bolívares (350.000 euros) para Sebastián Echániz Alcorta y Juan Victor Galarza y sus familiares, por "daños y perjuicios" por su deportación "ilegal y arbitraria'.