El Tribunal Supremo ordena investigar la muerte del cámara José Couso

El Tribunal Supremo ha estimado hoy por unanimidad el recurso interpuesto por la familia del cámara de Telecinco José Couso contra la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la investigación abierta para investigar su muerte en Irak en 8 de abril de 2003 por disparos de un tanque norteamericano.

Según han informado fuentes del Alto Tribunal, la sala de lo penal ha estimado el recurso en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de octubre de 2005 que estableció que la Justicia española es competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad fuera de España. El caso será devuelto a la Audiencia Nacional, donde deberá comenzar de nuevo la instrucción.

El pasado 10 de marzo la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó en un auto las diligencias al considerar que se trata de un "acto de guerra contra enemigo erróneamente identificado" y declaró la falta de jurisdicción para juzgar los delitos imputados a tres militares de EE. UU.

Así, aceptó el recurso del fiscal contra la decisión del juez Santiago Pedraz de dictar órdenes de busca y captura contra los militares norteamericanos, a los que imputó un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato contra personas civiles.

Al igual que el fiscal, la Sala de lo Penal estima que este tribunal carece de jurisdicción para perseguir los hechos y acuerda "revocar y dejar sin efecto" el auto del juez por el que acordaba la busca, captura y detención, a efectos de extradición, del sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp. Tras esta decisión, el magistrado ejecutó el archivo "asumiendo el criterio de sus superiores jerárquicos".

Crímenes de guerra

La Sala explica en el auto que "los hechos se producen dentro de un conflicto armado internacional", iniciado el 20 de marzo de 2003, en el que se producen las muertes de Couso y de otro periodista. Añade que los tres presuntos imputados pertenecen a las Fuerzas Armadas Norteamericanas que actuaron "en el ejercicio de sus misiones dentro de la disciplina militar de EE. UU".

Respecto a la aplicación del principio de persecución universal de los crímenes de guerra, la Sala considera conveniente una "reforma legislativa que impusiese algún límite de la acción penal en su persecución (cuando efectivamente se den aquellos crímenes) ante los órganos judiciales españoles".

En noviembre del año pasado, Pedraz admitió a trámite la querella que familiares del cámara de televisión interpusieron en mayo de 2003 contra los tres militares estadounidenses. Por su parte, la Justicia estadounidense el pasado 13 de febrero denegó la petición formulada por España para que fueran interrogados los soldados imputados en la muerte de Couso.