El Gobierno dice que se están investigando las nuevas cartas de extorsión de ETA

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha informado hoy de que se está investigando el posible envío de cartas de extorsión de ETA a empresarios vascos y, tras rechazar contestar declaraciones de Arnaldo Otegi, ha reiterado que el Ejecutivo no admite chantajes.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros, De la Vega ha sido preguntada por la declaración leída hoy por Otegi en la que ha afirmado que la solución a la "crisis" por la que atraviesa el proceso de paz consiste en alcanzar una "aproximación suficiente" sobre la metodología y la agenda del diálogo entre los partidos que debe incluir la territorialidad y la autodeterminación.

La vicepresidenta ha recordado que ella nunca responde a otras declaraciones y reiteró -explicando que no se trataba de ninguna contestación a esos comentarios- que la posición del Gobierno pasa por actuar de acuerdo con la ley y la Constitución.

"Dentro de la ley todo, nada fuera de la ley, para avanzar es imprescindible la ausencia total de violencia y el Gobierno no admite ni chantajes ni precio político alguno y siempre será respetuoso con la memoria y la dignidad de las víctimas", añadió.

Se investiga las nuevas cartas de ETA

Por otra parte, preguntada por si el Gobierno tiene conocimiento de nuevas cartas de extorsión de ETA dirigidas a empresarios -como publica hoy el diario El Correo-, explicó que el Ejecutivo investiga inmediatamente cualquier elemento que se conoce o que se publica. Aseguró que el Gobierno "no ha dejado de trabajar ni un instante" y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han dejado de investigar y abrir informaciones sobre todas las cuestiones que se plantean. "Sobre ésta también", dijo la vicepresidenta en alusión a la posible existencia de esas cartas de extorsión de ETA.

Acebes y Rajoy piden la suspensión del proceso

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha aseverado hoy que el incremento de la violencia callejera en el País Vasco, la constatación de que ETA es la responsable del robo de 350 pistolas en Francia y la exigencia del portavoz de Arnaldo Otegi de hablar ya sobre derecho a la autodeterminación y territorialidad deberían conllevar, en su opinión, que se suspenda "la mascarada" del proceso abierto tras el 'alto el fuego'.

"En estas condiciones, con ETA robando armas, con la 'kale borroka' funcionando, con las exigencias de autodeterminación y de Navarra todos los días, pido que se suspenda esta mascarada --dijo--, y que volvamos todos juntos al camino de la razón, la lógica, la decencia, la eficacia y el sentido común, que es el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo".

En la misma línea está el secretario general del PP, Ángel Acebes, que también se ha referido a las cartas de extorsión para volver a criticar el proceso de paz y ha asegurado que "esto es un proceso que ya no se lo cree ni Zapatero". Acebes ha dicho que el presidente del Gobierno "no puede seguir vendiendo falsas expectativas" y considera "increíble" que, tras los últimos sucesos, Zapatero siga "como si nada".

Nueva remesa

Según ha publicado hoy el diario El Correo, ETA habría enviado en las últimas semanas una nueva oleada de cartas de extorsión a empresarios vascos, idénticas a las remitidas el pasado mes de julio, en las que les reclama una cantidad de entre 50.000 y 70.000 euros. Como en otras misivas que han llegado después de la tregua de marzo, la banda emplea un tono menos amenazante en su chantaje, exige a los empresarios "una contribución" y se les "invita" a "participar en la construcción del futuro" del País Vasco.

En la misiva se recuerda a los empresarios el proceso abierto en Euskadi tras el alto el fuego de las organización terrorista. Las cartas están en escritas en euskera y en castellano e incluyen el organigrama de la banda para autentificar su origen.

Las cartas comenzaron a llegar a sus destinatarios en octubre y en las últimas semanas se ha producido un goteo de denuncias a los mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Según fuentes de la lucha antiterrorista, se tiene el convencimiento de que muchos empresarios no han denunciado la llegada de estos mensajes.