La Junta pretende que se ejecute la demolición de la Casa Club de Montenmedio

El Gobierno andaluz quiere que, "con carácter inmediato", se ejecute la demolición de la Casa Club del complejo de Monteenmedio, ubicado en Barbate, tras la sentencia firme que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hace unos dos años.

Así lo anunció hoy ante el Pleno del Parlamento la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, después de que el diputado de IU Ignacio García criticara que hace ya dos años que la Consejería de Obras Públicas y Transportes dio un plazo de dos meses al Ayuntamiento de Barbate para ejecutar la citada sentencia, apuntando que si no se hacía se actuaría de oficio para proceder a la demolición, si bien, según señaló, "hasta ahora nada".

Coves manifestó que, efectivamente, existe una sentencia firme del TSJA, consecuencia de una denuncia de la Consejería de Obras Públicas contra una resolución del Ayuntamiento de Barbate en relación con la Casa Club de Monteenmedio. La citada consejería, según dijo, dio un plazo de tres meses para ejecución de la sentencia al consistorio, algo que al no haberse producido ha llevado a la administración jurídica a trasladar un informe al gabinete jurídico para que dicte las oportunas recomendaciones para que se ejecute la demolición con carácter inmediato.

De otro lado, García denunció que el pasado 11 de octubre, la ministra de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa, realizó una visita a Montenmedio que, evidentemente, "puede ser promocional de una serie de instalaciones ilegales".

A este respecto, Coves le replicó que la ministra visitó una zona que precisamente no está sujeta a ninguna ilegalidad, de manera que, en ningún momento, se ha producido un respaldo a las actuaciones ilícitas de la empresa que construyó el complejo.

Asimismo, la consejera quiso dejar claro que la única actuación que respalda el Gobierno andaluz es el "escrupuloso respeto a la legalidad vigente", apuntando que una parte importante de la construcciones en la finca han sido denunciadas por la Junta, lo que ha dado lugar a unos 40 expedientes sancionadores, algunos ya resueltos por las autoridades judiciales.