El Gobierno asegura actuar en varios frentes para combatir la corrupción urbanística

Los últimos casos de corrupción urbanística denunciados por diversos medios de comunicación en las localidades madrileñas de Ciempozuelos y Tres Cantos han desatado un clima de desconfianza que "preocupa" al Gobierno, en palabras de la vicepresidente De la Vega y la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega ha advertido de que desde el Ejecutivo habrá "tolerancia cero" con cualquier irregularidad detectada en las corporaciones públicas.

En declaraciones anteriores a la Cadena Ser, la ministra de Vivienda había concretado el Gobierno está llevando a cabo acciones desde las carteras de Economía, Medio Ambiente e Interior para esclarecer los supuestos "pelotazos" inmobiliarios denunciados en la Comunidad de Madrid. Otra de las vías que, según la ministra, contribuirán a evitar estas prácticas, es la implantación de la nueva Ley del Suelo (actualmente en tramitación parlamentaria).

Trujillo ha apelado a la "transparencia administrativa" como medida preventiva de unas transacciones irregulares que habrían permitido a cargos municipales cobrar cantidades multimillonarias a cambio de la recalificación de terrenos.

El 'caso Ciempozuelos'

Una de las personas a las que apuntan las últimas denuncias periodísticas, el alcalde dimisionario del Ayuntamiento de Ciempozuelos, Pedro Torrejón García, ha difundido hoy un comunicado para "negar rotundamente" las informaciones publicadas según las cuales la intervención del ex regidor socialista en el año 2005, Joaquín Tejeiro, habría hecho posible la recalificación del Cerro de los Sotos, obteniendo así una comisión de 40 millones de euros.

Torrejón señala en este documento que Tejeiro no ha formado parte del Ayuntamiento desde el año 2003 y no ha tenido "intervención alguna" en la tramitación del Plan que se inició con un gobierno del PP y se ha finalizado con una corporación socialista. El ex regidor replica que no existió observación alguna por parte de la Comunidad de Madrid y que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales.

El diario ABC revela hoy que tanto Torrejón como Tejeiro viajaron a Andorra para tratar de abrir cuentas bancarias en las que depositar las comisiones abonadas por la constructora Esprode. Al recabar la entidad bancaria un documento acreditativo del origen de los 40 millones de euros aportados, los ex representantes socialistas presentaron el contrato privado firmado con la constructora.

La familia de Esperanza Aguirre

También en la Comunidad de Madrid, la portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea regional, Ruth Porta, ha anunciado hoy que la próxima semana presentará ante la Fiscalía un "extenso dossier" que denunciará el "urbanismo corrupto" que a su juicio se practica en la región, incluido un supuesto "pelotazo" del que se habría beneficiado en Tres Cantos (Madrid) "familia directa" de la presidenta regional, Esperanza Aguirre.

El objetivo de esta iniciativa es, según Porta, "aplicar tolerancia cero" frente a la corrupción urbanística "cueste lo que cueste y sean quienes sean los responsables".