El Parlamento andaluz aprueba la ley del botellón que entrará en vigor dentro de un mes

El pleno del Parlamento andaluz aprobó hoy con el único apoyo del PSOE-A la denominada ley del botellón, que permitirá a los ayuntamientos regular y fijar espacios para este fenómeno, una norma que entrará en vigor dentro de un mes y sobre la que IU hizo un llamamiento a la "desobediencia civil".

Aprobada con la abstención del PP y el rechazo de IU y PA, que la tildaron de "represiva", la ley permitirá a los alcaldes inhabilitar a los empresarios que la incumplan y a los ayuntamientos determinar los espacios abiertos o "botellódromos".

La denominada ley de potestades administrativas en materia de actividades de ocio en los espacios abiertos ha sido respaldada por la mayoría de la sociedad andaluza y el 52 por ciento de los participantes en el "botellón", y los afectados coinciden en señalar que es la solución a los problemas que genera, afirmó la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo.

La norma da cobertura jurídica a los ayuntamientos para regular las concentraciones al aire libre, lo que permitirá a las policías locales intervenir las bebidas del "botellón", clausurar temporalmente los establecimientos infractores y precintar vehículos de venta ambulante.

Según la consejera, responde a las demandas planteadas por las entidades locales, los ciudadanos y las organizaciones empresariales, y prohibirá la concentración de personas que consuman bebidas en la vía pública, salvo en aquellos lugares que determinen los ayuntamientos, con la intención de conciliar los derechos a la diversión y al descanso.

Las restricciones alcanzan a los empresarios, ya que los comercios no podrán vender ni entregar bebidas alcohólicas después de las 22.00 horas, aun cuando la venta se haya producido con anterioridad.

Tampoco los establecimientos de hostelería y ocio nocturno podrán servir copas para su consumo fuera del recinto del local y del espacio autorizado correspondiente a terrazas.

Los alcaldes tendrán potestad sancionadora, mediante multas que oscilan desde los 600 euros para las faltas leves a los 60.000 en caso de falta muy grave, y podrán decretar la suspensión de las licencias de apertura, la clausura de establecimientos por periodos de entre uno y cinco años, y la inhabilitación de empresarios.

Arancha Martín (PP-A) denunció que la norma se resumen en "sanciones infracciones o criminalización", y recordó al Gobierno que lo que han pedido los alcaldes son soluciones "no los problemas que provocará" la ley.

"La Junta les traslada un problema, pero sin recursos ni soltar un solo euro", indicó la diputada, que tildó la ley de "trampa" para las corporaciones locales meses antes de las elecciones.

Según el PP, la ley no cuenta con el apoyo de jóvenes, vecinos y alcaldes, por lo Martín acusó al presidente andaluz, Manuel Chaves, de ser un "irresponsable".

José Manuel Mariscal (IU) acusó a la Junta de "dejar la pelota en el tejado" de los ayuntamientos en vísperas de las elecciones, lo que atribuyó a la "incapacidad" de la Junta para negociar y consensuar una ley. de la que dijo que "nace muerta por ineficaz, al basarse en la prohibición y la sanción".

El izquierdista anunció que su formación llamará a la desobediencia civil de una norma "inútil", por lo que presentó 26 enmiendas a la ley, que no fueron aceptadas, con el objetivo de reducir las sanciones y reclamar financiación para los ayuntamientos para aplicar la ley, incluidos los botellódromos.

Pilar González, portavoz del PA, expresó las "serias" discrepancias con una ley que "concibe" la concentración de jóvenes como un problema de orden publico, algo que calificó de "simplista y reduccionista", que "no dará" -dijo- solución al problema.

"La ley es represiva al prohibir por prohibir sin ofrecer alternativas, ya que la botellona es el reflejo de la incapacidad de los poderes públicos para ofrecer otro modelo que no sea el del consumo del alcohol", indicó, a la vez que advirtió de que "no gusta a nadie".

(Con fotografía)