El juez del caso 'Malaya' desestima inhibirse en favor de la Audiencia Nacional
La defensa de dos de los imputados, Carlos Sánchez y Andrés Liétor, plantearon la cuestión de competencia
Actualizado:El juez instructor del 'Caso Malaya', Miguel Ángel Torres, ha desestimado la cuestión de competencia para inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, tras la petición presentada por la defensa de los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Lietor, ambos en prisión preventiva por esta causa.
Según ha informado hoy el abogado que representa a los dos imputados, Julián Chamorro, el auto del magistrado, con fecha de 4 de octubre y comunicado ayer a la defensa, establece que "de lo actuado en la causa todavía no hay elementos que justifiquen la inhibición".
El letrado ha afirmado que el documento del juez apunta, sin embargo, que la resolución del magistrado se lleva a cabo "sin perjuicio de que, si en su día, resultaran elementos suficientes" tales como "malversaciones pasivas" pudiera inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.
Chamorro ha explicado que el auto recoge también el informe negativo por parte de la Fiscalía Anticorrupción para la inhibición y señaló que el instructor del 'Caso Malaya' argumenta además su decisión en que la "saturación de trabajo" existente en los Juzgados Centrales de Instrucción puede "entorpecer" el desarrollo de las diligencias.
Recurso de apelación
La defensa de Sánchez y Liétor presentó el pasado 21 de septiembre una solicitud al juez Torres para que se pronunciara sobre la cuestión de competencia por declinatoria, que fue interpuesta el 9 de agosto, y una semana después remitió una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la dilación del magistrado en el pronunciamiento.
El abogado ha anunciado que, una vez conocida la decisión, interpondrá un recurso de apelación en la Audiencia Provincial e indicó que la petición inicial recoge que el juez resuelva la cuestión de competencia por declinatoria a través de un auto que acuerde su inhibición de la causa a favor de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, adonde se trasladaría el caso.
En dicho documento se argumenta que las actuaciones investigadas en el 'Caso Malaya' abarcan propiedades de imputados y negocios empresariales de grupos que operan en distintas comunidades autónomas, así como que la incidencia económica de la causa supera el ámbito municipal de Marbella (Málaga).