Casto espera una respuesta de Salud sobre su futuro profesional

El inspector médico Francisco Casto, imputado en la 'Operación Karlos', está a la espera de que la Consejería de Salud le dé respuesta sobre su futuro profesional, después de que en el día de ayer (6 de octubre) terminara el plazo de suspensión de seis meses que tenía y recoge el Reglamento de los funcionarios del Estado, según informaron fuentes cercanas al caso.

Casto presentó el pasado lunes una solicitud a la Consejería solicitando ser readmitido en su puesto de trabajo dentro de la Delegación Provincial en Cádiz, ya que el citado reglamento permite la incorporación una vez terminado el plazo y siempre que no esté en prisión preventiva ni sujeto a otra medida cautelar que lo invalide para sus actividades.

No obstante, según informaron fuentes cercanas al caso, hasta el momento el inspector médico no ha recibido todavía noticias, aunque "no hay otro plazo" una vez que terminaron ayer los seis meses de suspensión.

Las investigaciones de la 'Operación Karlos', saldada con casi una treintena de detenidos, se iniciaron en octubre de 2005, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero (implicado también en la 'Operación Halcón' sobre emisión de facturas falsas), podría estar implicado en una trama organizada dedicada a lograr de manera ilegal la concesión de pensiones por incapacidad laboral.

Para ello, Carlos Carretero supuestamente contaba con la connivencia del inspector médico Francisco Casto, que podría haberse apoyado en determinados facultativos para conceder bajas e informes médicos falsos por los que percibía entre 9.000 y 24.000 euros.

Al parecer, en los casos en los que el beneficiario carecía de dinero, los dirigentes de esta trama le facilitaban una póliza a través de entidades bancarias, que posteriormente era abonada al banco una vez concedida la pensión.

Así, una vez recibido el dinero, o parte del mismo, Carlos Carretero supuestamente instaba a los aspirantes a dicha prestación residentes fuera de la capital gaditana a que fijaran su domicilio en esta ciudad, ofreciendo direcciones de sus propios familiares y de un facultativo implicado en la trama. Luego Francisco Casto Pérez podría emitir su informe favorable. Previamente, el candidato debía estar de baja médica o bien haber sido atendido de urgencias en un hospital.