POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA

Una familia logra rebajar sus deudas tras ser declarada en quiebra

El matrimonio y los bancos y empresas a los que deben dinero ha llegado a un acuerdo en la junta de acreedores

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Una familia de Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) que debía 160.000 euros ha logrado rebajar en un 30% las deudas contraídas en créditos personales y dejar de pagar intereses a sus acreedores después de que un juzgado la declarara en concurso, es decir, en quiebra , por primera vez en España.

Según han explicado fuentes judiciales, el letrado del matrimonio en quiebra y los bancos y empresas a los que deben el dinero han alcanzado una propuesta de acuerdo en la junta de acreedores celebrada en el juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona, que se convertirá en definitiva si ninguna parte la impugna.

Dicha junta de acreedores ha tenido lugar casi dos años después de que el juez, en un caso sin precedentes en España, declarara al matrimonio de Sant Salvador "en concurso de acreedores", como si se tratara de una empresa, por encontrarse en " quiebra familiar", acogiéndose a la Ley Concursal, vigente desde septiembre de 2004.

Paralización del embargo

Con la admisión a trámite de la petición de suspensión de pagos familiar, el juzgado logró paralizar cualquier intento de embargo de los bienes del matrimonio, integrado por Josep E.G. y María del Carme B.T. y cuyas deudas ascendían a 160.000 euros, 50.000 de ellos la hipoteca del propio domicilio.

Tras meses de negociación, hoy se ha alcanzado una propuesta de convenio que ha sido aceptada por la mayoría de los doce acreedores del matrimonio, por lo que, de acuerdo con la ley, el pacto quedará recogido en una sentencia judicial si en los próximos días no es impugnado por ninguna de las partes.

Dicho convenio establece que el matrimonio seguirá pagando íntegramente la hipoteca en las condiciones en que se pactó en el momento de la contratación, mientras que otra deuda que mantienen con el ayuntamiento de Sant Salvador de Guardiola por el impago de varias facturas deberá ser enjugada por completo y sin intereses.

Respecto a los otros 104.000 euros que la familia debía en concepto de distintos créditos personales, el convenio prevé que sólo se pagará el 70% de la deuda contraída y sin intereses.

Pese a que no ha calculado la cantidad que la familia se ahorrará en intereses, el letrado del matrimonio, Jaume Pich, ha señalado que, por lo pronto, el matrimonio ha dejado de pagar los 40.000 euros de intereses que los bancos les habrían exigido durante los dos últimos años, desde que se declaró la quiebra patrimonial de la familia.

El letrado del matrimonio asegura que la posibilidad de que las familias se declaren en quiebra está prevista en la Ley Concursal, y, aunque el suyo es el primer caso que llegó a los tribunales, ya hay unas 90 personas en toda España que se han acogido a ella por no poder hacer frente a sus deudas.

Recelo de las entidades

Esa posibilidad, no obstante, despierta recelos en las entidades financieras que otorgan créditos: "Los abogados de algunos bancos me confesaron que no querían que esto saliera bien porque no les interesa", ha explicado Pich.

El titular del juzgado mercantil ha añadido, en declaraciones a TV3 recogidas, que entre los bancos existía un "temor" de que dicho procedimiento se utilizara para evitar los pagos y que los tribunales "se convirtieran en parapeto de personas insolventes".

En el caso de que los acreedores y la familia no hubieran llegado a un acuerdo para el pago de las deudas, se habría procedido a la liquidación de sus bienes, de manera que no habrían podido conservar ni su propia vivienda habitual.

Tras declarar en concurso a la familia, en marzo del año pasado, el juez acordó que cada mes el matrimonio dispusiera de un mínimo de dinero para sus necesidades básicas, mientras que el resto de ingresos se repartió entre sus acreedores.

La familia no pudo hacer frente a sus deudas desde que el marido, que trabajaba como mando intermedio de una empresa farmacéutica, cayó enfermo, y mientras la Seguridad Social decidía sobre su baja, dejó de pagar las facturas, con lo que cada vez sus acreedores le exigían más dinero en concepto de intereses.