Zona Franca apelará ante la Audiencia Provincial la sentencia de Quality Food

La Zona Franca de Cádiz presentará ante la Audiencia Provincial un recurso de apelación a la sentencia dictada por un Juzgado de lo Mercantil sobre el pleito de valoración de la corporación alimentaria Quality Food, a cuyo ex presidente Manuel García Gallardo deberá pagarle el Consorcio 13 millones de euros.

En dicha sentencia, hecha pública el pasado martes y dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de la capital gaditana, se declara, según un comunicado de la Zona Franca, que el valor de las acciones de la empresa Quality Food se determina por la media resultante de dos valoraciones, la de Price Waterhouse Coopers y la del perito judicial KPMG, quedando la cantidad estipulada en 13.346.297 euros.

Desde la Zona Franca se resalta, en primer lugar, que respeta y acata la decisión del juzgado, pero de ejecutarse esta sentencia, el consorcio asegura que se vería "aún más dañado económicamente por una decisión que tiene su origen en la gestión realizada por los delegados designados durante la etapa del Partido Popular".

Desde el Consorcio creen que el valor de las acciones de una empresa que el 23 de diciembre se encontraba en suspensión de pagos, según todos los auditores y valoradores, y que además ha generado durante su gestión once demandas civiles y una querella personal, "no puede tener como valor esa cantidad, algo que intentaremos demostrar de todas las formas que nos permita la legalidad vigente y el Estado de Derecho".

En enero de 2005, los accionistas de la familia Gallardo interpusieron una demanda de valoración con el fin de solicitar la valoración real de Quality Food a fecha de diciembre de 2003, momento en el que, de acuerdo con el Consorcio Zona Franca, deciden solicitar dos valoraciones independientes para dilucidar si la Zona Franca ha pagado de más por el control accionarial de Quality Food.

Según la defensa de la familia, en aquel momento el Consorcio interpretó que existiendo un saldo a favor de García Gallardo de 3 millones de euros, Zona Franca había pagado 5 millones, considerando por tanto que tenía derecho a quedarse con el 100% de las acciones, mientras que la Familia García Gallardo consideró que la empresa valía mucho más e inició su camino judicial.