Fiscalía y defensas tienen cinco días para pronunciarse sobre las escuchas telefónicas

El juez del juzgado de Instrucción número uno de Cádiz ha concedido a los abogados de la defensa de los implicados en la 'Operación Karlos' y la Fiscalía cinco días para pronunciarse sobre la petición que hicieron los abogados de Carlos Carretero y Francisco Casto solicitando una rebaja en la fianza y la nulidad total de las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación.

En declaraciones, la defensa de Carlos Carretero señaló que lo "normal es que las defensas de las demás partes implicadas se adhieran a nuestras pretensiones, ya que les beneficia que lo archiven", así como que el fiscal "no lo haga".

Las peticiones de nulidad y de rebaja de la fianza se realizaron en el mes de agosto, aunque el juzgado ha esperado hasta el mes de septiembre para notificarle la situación a todas las partes, ya que en agosto no hay procuradores y no se puede notificar.

La petición de nulidad realizada por las defensas de Carretero y Casto se fundamenta en que el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) realizó escuchas autorizadas judicialmente en el marco de la 'Operación Halcón' (donde también está implicado Carlos Carretero) y en ellas apreció un presunto delito contra la Seguridad Social, por lo que, una vez informado, el juez de Jerez abrió otras diligencias y dejó el caso, la denominada 'Operación Karlos', a la Guardia Civil.

Así, el pasado mes de agosto, un auto del juzgado de Instrucción número uno de Cádiz anuló parcialmente las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación de la 'Operación Karlos', lo que hizo que el considerado como uno de los principales implicados, Carlos Carretero, pudiera salir de la prisión Puerto II tras pagar una fianza de 100.000 euros, al igual que el facultativo Francisco Casto, tras abonar 50.000 euros. INVESTIGADOS DESDE 2005

Las investigaciones de la operación Karlos se iniciaron en octubre de 2005, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero (implicado en la 'Operación Halcón' sobre emisión de facturas falsas), podría estar implicado en una trama organizada dedicada a lograr de manera ilegal la concesión de pensiones por incapacidad laboral.

Para ello, Carlos Carretero supuestamente contaba con la connivencia del inspector médico Francisco Casto, que podría haberse apoyado en determinados facultativos para conceder bajas e informes médicos falsos por los que percibía entre 9.000 y 24.000 euros.

Al parecer, en los casos en los que el beneficiario carecía de dinero, los dirigentes de esta trama le facilitaban una póliza a través de entidades bancarias, que posteriormente era abonada al banco una vez concedida la pensión.