
La Policía y la Ertzaintza descartan vínculos entre la marcha y Batasuna
La Fiscalía permite la marcha pero matiza que se debería suspendersi aparecen consignas o símbolos de alguna organización ilegal
Actualizado: GuardarLa Policía Nacional y la Ertzaintza han remitido sendos informes a la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la rueda de prensa en la que se convocaba una manifestación el próximo viernes en Bilbao bajo el lema "Euskal Herria Autodeterminazioa" en los que se sostiene que "hasta ahora, no se ha apreciado ningún vínculo objetivo" entre la convocatoria de la concentración y Batasuna.
Asimismo, en el informe de la Policía Nacional se menciona, como ayer denunció el presidente del PP en Vizcaya, Antonio Basagoiti, que tres de los participantes en la rueda de prensa fueron "en el pasado" candidatos en elecciones municipales por las formaciones ilegalizadas Euskal Herritarrok y Herria Aurrera, aunque sostiene que actuaron en ella como particulares.
También afirma la Policía Nacional que en la rueda de prensa no se detectó la presencia de miembros de la Mesa Nacional de Batasuna ni de ninguno de sus responsables. En ella, según el informe policial, tampoco se exhibieron símbolos de la formación ilegalizada y recuerda que, hasta el momento, no se ha producido la "adhesión pública" de la organización 'abertzale' y que no se han observado carteles de ésta llamando a participar en la convocatoria.
El fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos avanzó que, tras recibir estos nuevos informes policiales, el Ministerio Público no cambiará su postura respecto a la manifestación. Ayer, la Fiscalía remitió un informe al juez Central de Instrucción número 6, Juan del Olmo, en la que solicitaba que se permitiese la marcha, pero que ésta fuese disuelta si se exhibían símbolos de Batasuna o se gritaban consignas a su favor.
El juez Pedraz deberá decidir sobre la prohibición
Asimismo, este mismo fiscal explicó que el juez de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo dictó hoy un auto en respuesta a las diligencias abiertas tras la comunicación del Gobierno vasco informando de la convocatoria de la manifestación, en el que el magistrado no se pronuncia sobre la autorización de la marcha, al considerar que se trata de una cuestión administrativa cuya competencia corresponde al Ejecutivo autonómico, aunque solicita que se remita a la Audiencia Nacional el atestado policial de la marcha o que se la informe en caso de que se prohíba su celebración.
Sin embargo, el encargado de decidir si prohíbe la manifestación será el juez Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, quien la semana pasada decretó la polémica excarcelación de los etarras Aitor Lorente y David Pla, imputados por el asesinato del senador del PP Manuel Giménez Abad en 2001, a los que su compañero Baltasar Garzón había encarcelado, revocando a su vez una decisión previa de Pedraz decretando su puesta en libertad provisional.
La Fiscalía también permite la marcha
Mientras, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha advertido de que si la manifestación a favor de la autodeterminación del País Vasco convocada en Bilbao este viernes se vincula "a través de consignas, símbolos o emblemas con alguna organización ilegal, deberá ser disuelta por la Ertzaina".
En declaraciones a los medios antes de participar en un curso sobre el Ministerio Fiscal en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Conde-Pumpido ha recordado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional es la competente en este caso y estimó que no hay "base suficiente" para la prohibición de la marcha.
El fiscal general del Estado ha recordado que "la Fiscalía se atiene a los criterios marcados por el juez Baltasar Garzón" y que, mientras no existan "datos" de que la manifestación está "inspirada o provocada" por una organización ilegal, "mantendrá el dictamen que hasta ahora ha establecido".
Conde-Pumpido ha pedido además "respeto institucional a la actuación de la justicia" y ha recordado que "la Fiscalía, como institución, responde siempre de manera constitucional al interés de la ley y al interés de la imparcialidad", y los fiscales "actúan con criterios de profesionalidad y no aceptan en absoluto ningún tipo de presión política".