Entra en vigor el Estatut de Cataluña tras dos años y medio de difícil alumbramiento

El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña entra hoy en vigor tras superar los últimos requisitos legales con la ratificación firmada por el Rey y la publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El alumbramiento, como toda la gestación, no ha estado exentos de dificultades y la reforma nace con un lastre: el recurso presentado por el PP ante el Tribunal Constitucional.

Los primeros meses de andadura del Estatut tampoco se prevén fáciles porque, además de la impugnación del PP, hay otras cuatro en preparación, o al menos anunciadas. El Defensor del Pueblo, la Comunidad Veneciana, Aragón y La Rioja también tienen intención de que distintos artículos pasen un examen de constitucionalidad ante al alto tribunal. El de mayor calado político es, con mucho, el que presentaron los diputados Federico Trillo y Soraya Sáenz ante el Tribunal Constitucional el pasado 31 de julio por entender que la reforma supone la vulneración de los principios de libertad e igualdad entre los españoles que establece la Carta Magna y, por lo tanto, consagra "una Constitución paralela" en Cataluña.

Con la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Cataluña, 27 años después de la aprobación del primero tras el restablecimiento de la democracia, finaliza un largo proceso que se inició en febrero de 2004, cuando el Parlamento de Cataluña puso en marcha una comisión de reforma del ordenamiento estatutario. Han sido dos años y medio muy duros para las fuerzas políticas de Cataluña, pero también para la sociedad, que ha asistido entre hastiada y preocupada a las trifulcas entre partidos.

Maragall, en horas bajas

La aprobación del nuevo Estatuto ha tenido un precio elevado para el Gobierno de la Generalitat, hasta el punto de que ha supuesto la ruptura de la alianza tripartita en la que se apoyaba Pasqual Maragall. El jefe del Ejecutivo autónomo, después de mucho resistirse, expulsó de su equipo a Esquerra Republicana por defender el no a la reforma y tuvo que convocar elecciones anticipadas para el 1 de noviembre. El Estatut le ha costado el puesto a Maragall y, previsiblemente, ha puesto punto y final a su carrera política una vez que no optó a la reelección por la negativa de su partido a secundar de nuevo su candidatura.

Cuando el próximo septiembre el veterano socialista catalán firme el decreto de convocatoria de elecciones, lo hará un líder político con la moral caída, acosado por la oposición y sus propios compañeros del PSC, y criticado por sus ex socios de ERC. Estampará su firma en el decreto un presidente de la Generalitat muy controvertido y que ni siquiera consiguió en sus casi tres años de gestión ganarse el respeto institucional de la oposición nacionalista y popular.