Sueños estafados

«Muchos de los inmigrantes que confiaron en Eurowork hipotecaron sus casas y empeñaron sus ahorros». El sueño de lograr un visado y un contrato de trabajo en España se convirtió en 2006 en una auténtica pesadilla para miles de extranjeros sudamericanos, que acabaron arruinados. Detrás de esta monumental estafa se encontraba presuntamente el español Luis Batlle y una joven estudiante de Derecho que iniciaba entonces su carrera como asistente social en materia de Extranjería. Se trataba de Mónica González, hasta el pasado lunes concejal de Hacienda de Podemos en el Ayuntamiento de Puerto Real.

La noticia del fraude pasó casi inadvertida en los medios españoles hasta que en 2007 la Audiencia Nacional tomó cartas en el asunto a raíz de las denuncias interpuesta por varios despachos de abogados latinos, que canalizaron las demandas. Fernando Ramírez tramitó desde su despacho en Medellín (Colombia) más de 1.700 expedientes de inmigrantes de su país que cayeron en el engaño. Recuerda el drama y la angustia de cientos de familias que acudieron a su oficina «para tratar de recuperar los pesos que depositaron en Eurowork». Muchos de ellos pidieron créditos y la mayoría sacó sus ahorros del colchón para iniciar una nueva vida en España. El sueño dorado. Todo era un truco ideado por Luis Batlle.

Ramírez señala a LA VOZ que la española Mónica González se encargó de promocionar en su país las ventajas de Eurowork y captar de esta forma a inmigrantes con ganas de cambiar su destino a cambio de 480 euros. A simple vista, el importe del papeleo parece ridículo, sin embargo, fue todo un sacrificio para quienes vivían al límite. El abogado recuerda que algunas familias tuvieron que multiplicar esa cantidad por tres o por cuatro, en función de los miembros que tenían pensado viajar a España. Este fue el caso de la ecuatoriana Victoria Guayanal que pagó más de 1.500 euros por traer a sus tres familiares. Hoy sigue reclamando la devolución el dinero.

El enlace colombiano de Eurowork fue Paula Marcela Luque, que tramitó los expedientes de sus compatriotas y mantuvo contacto directo con Luis Batlle y Mónica González. Las campañas de promoción de la empresa española tuvieron eco en diarios sudamericanos como 'El Latino', donde aparecieron anuncios con los servicios que prestaba Eurowork. Hasta 66.000 euros llegó apagar la empresa en publicidad. La compañía se encargaba de gestionar visados, viajes, alojamiento y contratos de trabajo. Batlle y González, según el letrado colombiano que llevó la causa, viajaron en varias ocasiones para dar imagen de fiabilidad.

Sin embargo, la situación se torció cuando los inmigrantes, hartos de esperar respuestas, empezaron a preguntar por su dinero. La voz de alarma la dio a mediados de 2006 la Asociación de Inmigrantes AC-COIN. La promesa de una vida mejor en España se esfumó como el humo de tabaco, pese a que localidades como Madrid, Barcelona y Murcia habían acaparado en esos años la llegada de súbditos sudamericanos para trabajar en hostelería, servicio doméstico y agricultura. En España se aprobaron, por ejemplo, en 2008, un cupo de 27.034 ofertas de trabajo para extranjeros

La responsable de la oficina colombiana trató sin éxito de parar los golpes y reclamó la presencia de Batlle para calmar los ánimos. El fundador de Eurowork no dudó en viajar a Colombia para tranquilizar a las víctimas de su engaño. Sus palabras no convencieron y fue entonces cuando los inmigrantes empezaron a reclamar con insistencia la devolución el dinero. Batlle desapareció de la escena y Mónica González se quedó al frente de esta farsa.

Mónica González se encargó de atender el teléfono desde la sede central de la empresa en el número 124 de la calle Alcalá, pero las excusas de González acabaron a finales de 2006, cuando colgó el cartel de «cerrado por Vacaciones de Navidad» en la puerta de la oficina y nunca más se abrió. Todos las personas consultadas por este periódico coinciden en señalar que la exconcejal de Podemos en Puerto Real conocía la trama de Batlle.

El abogado Demostenes Mamani se encargó en España de tramitar las denuncias y poner en conocimiento de la Justicia el monumental fraude que se estaba perpetrando. Recuerda a Mónica González temblando cuando acudió a declarar ante el juez Garzón para explicar su vinculación con Eurowork y las gestiones que llevaba a cabo.

Este abogado llevó la causa de cientos de afectados peruanos que vieron truncados sus sueños y su dinero. Mamani destaca que Mónica González alentaba a contratar los servicios de Eurowork y para ello viajó en varias ocasiones a Sudamérica con el objetivo de promocionar a la empresa.

El letrado asegura que no es del todo creíble la versión que dio Mónica González al juez sobre su ignorancia en relación al entramado orquestado por Batlle. Su discurso ante el juez Garzón se basó en advertir que era una víctima más del fraude, el mismo argumento que defiende ahora. Pero quienes la conocieron durante su etapa como gestora de Eurowork Global España S A insisten en que era la administradora de la empresa y tenía hilo directo con las oficinas que se abrieron en Ecuador, Bolivia, Honduras, México, Colombia y Perú. Por tanto, y según destaca Mamani, «alguna irregularidad apreciaría en los movimientos de su jefe». Insiste en que Batlle era un sujeto conocido con antecedentes penales por estafa.

La sociedad se amplió a Eurowork Hispania y abrieron oficinas en Madrid, Granada, Barcelona y Murcia.

El resultado de esta farsa se cuantifica en más de 5.000 personas engañadas y 2,5 millones de euros estafados. El juez Baltasar Garzón ordenó paralizar las cuentas de la sociedad cuando se hizo cargo del caso y practicó las primeras detenciones. Batlle y Mónica González fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad con cargos. Días más tarde, Batlle desapareció y se le perdió la pista, por lo que el juicio no se pudo celebrar. La Audiencia Nacional dio entonces orden internacional de busca y captura.

Batlle fue localizado en octubre pasado en Tailandia con una identidad falsa y haciéndose pasar por un chef español. La extradición ahora de Batlle a España permite reabrir el caso y celebrar un juicio por el que el fiscal pide 4 años de prisión para Mónica González, mientras que la acusación particular solicita diez.

La persecución de Batlle no ha sido fácil. La Justicia española lo localizó primeramente en Bahamas, pero tuvo tiempo para escapar a Tailandia, donde un chivatazo de varios inmigrantes y las pesquisas de la Guardia Civil dieron con su captura.

La apertura de este caso después de ocho años ha terminado con la carrera política de Mónica González, que ha formado parte de la candidatura de Sí Se Puede Puerto Real, organización vinculada a Podemos, en las pasadas elecciones municipales. González fue la número cuatro de la candidatura y el pacto de gobierno con los ecologistas de Equo la llevó el pasado junio a entrar en la Alcaldía puertorrealeña como concejal de Hacienda.

Mónica González compareció el pasado viernes para explicar su versión y aclarar que fue también engañada. Mientras la concejal daba sus explicaciones, arropada por el alcalde, Antonio Romero, las bases de su partido pedían su cabeza. Dos días después González presentó su dimisión. Podemos ha vendido esta hazaña como un acto de heroicidad y transparencia. Mónica repite una y otra vez que no se ha quedado con un solo euro.