Los autónomos exigen al alcalde de Cádiz que pague las facturas a los proveedores

Los pequeños empresarios con facturas pendientes de pago en el Ayuntamiento de Cádiz se han cansado de esperar durante meses que les abonen su dinero. Se han cansado, otra vez. El presidente nacional de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, pidió este jueves al alcalde de Cádiz, José María González, «que pague las facturas de los autónomos que son proveedores de su Ayuntamiento», ya que ha asegurado que hay algunos que «hace cinco meses» que prestaron el servicio y «todavía» no han visto un euro.

Amor reaccionó así después de que el equipo de Gobierno en pleno compareciera para denunciar que el Ministerio de Hacienda ha comunicado que, si no paga, le retendrá esas cantidades de las transferencias mensuales del Estado y la hará llegar a los acreedores. Amor, tras esa escena, insistió en pedir al alcalde «que pague», ya que «los trabajadores autónomos no tienen la culpa de nada, ni con los que están ahora ni con los que estaban antes».

El representante de los proveedores recuerda que el Ayuntamiento «paga las nóminas todos los meses», añade que «no cumplir con la ley también puede ser, presuntamente, corrupción». Igualmente, le pregunta qué pasaría «si sus concejales o sus asesores se llevaran cinco meses sin cobrar». Lorenzo Amor colgó ayer en su cuenta pública de Twitter un mensaje dirigido al regidor gaditano en el que insta al pago a los proveedores, diciendo: «Señor alcalde de Cádiz, pague usted las facturas de los autónomos que son proveedores de su Ayuntamiento. Lleva más de cien días en su cargo y no paga».

La escena del duelo

Esta contundente declaración de los autónomos se produjo después de que los concejales de Podemos en Cádiz rodearan al alcalde en una comparecencia de carácter dramático. El Gobierno local denunciaba que ha recibido una carta del Ministerio de Economía y Hacienda que advierte de que será «intervenido» por no pagar a los proveedores en el plazo concebido por la legislación.

Si la terminología utilizada este jueves por el Ayuntamiento de Cádiz fuera aceptable, Hacienda estaría a punto de «intervenir» 45 gobiernos locales en toda España, habría «intervenido» al menos tres al mes durante los últimos años sólo en la provincia de Cádiz y a centenares en toda Andalucía durante lo que va de siglo. Para que cada cual decida si la palabra «intervención» es adecuada o equivocada, lo más orientativo puede ser la legislación vigente.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido en los últimos días cartas a 45 ayuntamientos españoles con un contenido idéntico al denunciado ayer en Cádiz y el miércoles en El Puerto de Santa María. Mensualmente envía otras tantas a distintos consistorios.

Esas notificaciones hacen referencia al apartado 1 del artículo 36 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible. En ese texto, se detalla que si un ayuntamiento no cumple con sus obligaciones financieras y presupuestarias puede sufrir alguna retención, de porcentaje variable, en las transferencias del Estado.

Esas transferencias -dinero esperado, contante, líquido y mensual- se agrupan bajo el acrónimo PIE. Significa Participación en los Ingresos del Estado. Este concepto está incluido en la Constitución de 1978. Fue regulado de forma fundamental con los artículos 111 y siguientes en el Real Decreto Ley 2/2004, que refundía la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Luego fue retocado en 2011.

En un esbozo simplista, se trata de un reparto de dinero procedente de impuestos (como el IRPF, por citar el más reconocible) y otros conceptos. Hacienda lo distribuye con regularidad mensual entre los gobiernos locales (porcentualmente según su población y catalogación administrativa) para «garantizar la autonomía de los municipios».

Ese dinero, esa paga, del Estado supone entre el 25 y el 50% de los ingresos totales de la mayoría de ayuntamientos de España. Resulta esencial. El resto del dinero que manejan para prestar servicios y pagar nóminas procede, mayoritariamente, de las tasas e impuestos locales.

Las cantidades que manda mensualmente el Estado varían, según regula el mismo texto legal, en función de que la población receptora sea capital de provincia o comunidad autónoma, que tenga una población superior a 75.000 habitantes, inferior a esa cifra o por debajo de los 10.000 vecinos. A estas variables se añaden otras más técnicas. Las cantidades que Hacienda envía, y reciben los ayuntamientos, se revisan cada cuatro años por si cambian parámetros como la población.

La Junta de Andalucía, por cierto, desempeña en este sistema de financiación una labor de intermediación en el pago con el objetivo de agilizarla. Así, se efectúa el ingreso en el presupuesto de la comunidad autónoma del total de la remesa que cada mes envía el Ministerio de Economía y Hacienda para todas las corporaciones andaluzas.

Retenciones

Una vez conocida la teoría de forma esquemática, aparecen los conflictos. Como el que afecta al Ayuntamiento de Cádiz desde este jueves. Tiene que ver con esa retención de ese dinero. El Ministerio de Economía y Hacienda publica mensualmente (además de enviar cartas de aviso) un boletín con los municipios a los que aplica retenciones. Es decir, pueblos y ciudades que van a recibir menos dinero -incluso nada- porque no han cumplido alguna obligación legal. Por ejemplo, en el informe público del pasado mes de septiembre, se notifica que Algar, Barbate y Puerto Serrano sufrirán retenciones en la PIE que van a recibir. Los dos últimos ayuntamientos son fijos en las comunicaciones mensuales de todo este año y desde 2014. Se especifica que el motivo de la retención es el «incumplimiento» de la «liquidación del presupuesto». Traducido: que sus cuentas están en quiebra.

La situación no es nueva ni extraña. Jerez, con más de 200.000 habitantes, la ciudad más grande de la provincia, sólo recibe 300.000 euros de los cuatro millones mensuales que el Estado debe enviarle según los baremos. El resto está bloqueado por distintos incumplimientos.

El Ayuntamiento de Jaén ha llegado a tener hasta el 100% de las retenciones bloqueadas y la Diputación de Sevilla promovió en 2012 una moción de apoyo a siete ayuntamientos que tenían sus transferencias paralizadas o disminuidas de forma crónica. Todos los mencionados sufren una situación parecida a la asfixia financiera antes de sufrir las retenciones. Después, se agrava. El Ayuntamiento de Cádiz no es el único que tiene este problema, ni el que peor situación afronta. Hacienda calcula en más de 4.000 los ayuntamientos apercibidos por este tipo de retenciones entre 2014 y 2015.

Motivos para cerrar el grifo

Hay varios supuestos legales para aplicar la retención. El de Barbate y Puerto Serrano es el más común, el de la falta de liquidación, el que afecta al 90% de los ayuntamientos con cantidades retenidas. Pero desde este verano, y tras varios avisos, Hacienda ha decidido incluir otro: la deuda a proveedores. Es el problema de Cádiz.

Las deudas a los autónomos y pequeños empresarios por productos y servicios adquiridos por los ayuntamientos es un problema antiguo. Se agudizó con la recesión económica y alcanzó proporciones de plaga entre los años 2010 y 2013. Tan es así que el Gobierno tuvo que crear líneas de crédito extraordinarias, a través del ICO, para pagar tanto atraso y luego entenderse con las administraciones locales.

Tras dos intervenciones de emergencia, en 2014 se alcanzó por fin una cota muy baja de deuda a proveedores. Pero el Gobierno no quiere que la situación se repita y advirtió que si se superaban los 30 día de demora, intervendría. El Ayuntamiento de Cádiz asegura que tiene una deuda a proveedores de 40 millones de euros. Casi toda, achacable a sus predecesores pero ahora es su responsabilidad. El gobierno local gaditano también admite que la media de pago está por encima de los cien días cuando tendría que ser de 30 días. Culpa de esta situación a los concejales que le precedieron pero Hacienda sólo entiende de números . Ha superado el límite de retraso y hay que apercibir.

Ha mandado la carta. Si el Gobierno local no se pone al día, llegarán las retenciones. Una parte de las transferencias de dinero que el Estado manda al Ayuntamiento de Cádiz se quedarán en Madrid y Sevilla para ser desviadas a los proveedores, a los acreedores. El equipo de José María González habla de «intervención». Teme que sin ese dinero la gestión se complique. Es casi la tercera parte de todos los ingresos mensuales.