La Zona Franca echa abajo otro icono del chabolismo industrial

La reordenación del recinto exterior de la Zona Franca ha dado hoy otro pequeño paso al frente con el inicio de la demolición de los antiguos Talleres Faro, en la Ronda de Vigilancia. De esta forma se echa abajo otra de las grandes naves que se encuentran situadas junto al puente Carranza y sin actividad desde 2002.

Esta actuación forma parte del macroproyecto urbanístico presentado en abril de 2011 por la entonces alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, que consiste en la reurbanización de todo el recinto exterior de la Zona Franca para permitir con ello la apertura de un complejo industrial más moderno, que incluye hoteles y centros comerciales.

El objetivo de la Zona Franca no es otro que limpiar el suelo de las viejas construcciones que aún perviven en la entrada de Cádiz y favorecer así suelo industrial para nuevas inversiones.

Un proyecto con retrasos

El proyecto de reordenación urbanística de la Zona Franca abarca desde la Ronda de Vigilancia, arteria pegada a la factoría de Altadis, hasta la Glorieta de Zona Franca, incluidos los aledaños de la avenida de Juan Carlos I, junto al estadio. La actuación prevé la reconstrucción total de este suelo industrial que alberga de forma desordenada a unas 275 naves, de las que el 45% están vacías o abandonadas.

En los últimos cuatro años, la dirección del recinto fiscal ha logrado tirar la antigua nave de Navalips, la de Abelló Linde y ahora la de Talleres Faro. Está ultima ocupa una superficie de 6.000 metros cuadrados y su demolición durará, al menos, tres meses, ya que la cubierta es de uralita y contiene amianto. El delegado en Cádiz de Zona Franca, Jorge Ramos, ha reconocido que el trabajo de recuperación del recinto exterior «es una labor de artesanía» porque se están llevando a cabo conversaciones con todos los propietarios para facilitar la reubicación de sus negocios.

Los gestores del recinto fiscal gaditano trabajan ahora en el derribo del antiguo Supersol, una finca con tres dueños, entre los que se encuentra la propia Zona Franca. Las últimas actuaciones han permitido recuperar más de 15.000 metros cuadrados y borrar del paisaje urbano el chabolismo industrial que ha florecido a la entrada de la ciudad por el puente Carranza.

El delegado Jorge Ramos reconoce que no sabe aún cuándo puede estar operativo el nuevo recinto exterior, aunque prevé que las actuaciones de demolición y realojo durarán, al menos, entre cinco y siete años más. El plan de reurbanización que contempla el nuevo PGOU de Cádiz incide en la creación de grandes manzanas donde se combine, por un lado, el uso industrial, con el comercial, el hotelero y en un extremo, el residencial.

El proyecto supone una inversión de 600 millones de euros y la posibilidad de generar 5.000 puestos de trabajo, según anunció en su día la alcaldesa Teófila Martínez. El plan de reordenación supone una actuación en 211.000 metros cuadrados de nuevas áreas de negocio y la apertura de 4.200 plazas de aparcamiento.

Jorge Ramos avanzó al respecto que estas actuaciones «son las que permiten ahora ofrecer suelo a inversores». Es el caso también de la adquisición que hizo Zona Franca con los terrenos de Altadis por 36,5 millones de euros. Ramos adelantó que se están ultimado ahora todos los requisitos administrativos para los servicios básicos del complejo de Altadis y calcula que antes de final de año se podrá ofrecer a los inversores. De momento, hay tres empresas interesadas en implantarse en ellos.

Por su parte, la demolición de Talleres Faro ha obligado a diseñar un plan alternativo de tráfico, ya que la obra afecta a la Ronda de Vigilancia y a los aledaños de la calle Tarifa. Por ello, se ha cambiado el sentido circulatorio en esta zona.

Talleres Faro, una de las empresas auxiliares del sector naval, cerró sus puertas en el año 2002, después de una tortuosa operación de compraventa entre particulares en 1986. Los trabajadores se hicieron con la fábrica en 1992 gracias a un aval de Unicaja, pero la cooperativa se fue a pique a finales de los noventa. Fue el Ayuntamiento de Cádiz el que compró los terrenos y en 2013 se los vendió a Zona Franca por 2,2 millones de euros.