Doble júbilo

Un sistema sanitario de calidad, accesible, universal y gratuito, un modelo educativo público, eficiente, que tenga la excelencia como meta y en él que la igualdad de oportunidades sea su seña de identidad, y un sistema público de pensiones, conforman los pilares angulares del estado del bienestar. Los recortes presupuestarios en sanidad y educación establecidos por el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas competentes están teniendo sus efectos negativos en cuanto a su calidad. Ahora toca poner sobre la mesa la financiación del Sistema Público de Pensiones. Los más agoreros intuyen una crisis grave del sistema actual en los próximos años. Los más optimistas, que los hay, abogan por su sostenibilidad en las condiciones actuales durante las próximas décadas. El debate no es baladí, y máxime cuando en los últimos años ha habido que echar mano del Fondo de Reservas establecido por la Seguridad Social para el pago de las pensiones. Nuestro Sistema de Pensiones se rige por el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se regula y aprueba el Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social. En el mismo se recogen las diferentes prestaciones económicas a las que tienen derecho los trabajadores activos y los pensionistas en sus diferentes modalidades (incapacidad temporal, maternidad, invalideces, jubilación, viudedad, orfandad, etc). Igualmente reconoce los distintos complementos establecidos para pensiones inferiores a la mínima establecida.

La financiación de nuestro Sistema de Seguridad Social obtiene sus recursos económicos a través de las cotizaciones realizadas por los participantes e integrantes del mercado de trabajo, a saber, asalariados por cuenta ajena, autónomos y empresarios. La contribución de cada una de las partes viene establecida legalmente en relación con unos porcentajes según la base de cotización de los empleados y autónomos.

Variaciones sensibles en el marcado de trabajo, como las que se han producido en los últimos años, hacen que el sistema se resienta. Menos cotizantes, menores bases de cotización y un aumento de las prestaciones económicas hacen que se intuya la crisis del Sistema a medio plazo.

Sectores financieros han venido a dar la solución más interesada para ellos, complementar las pensiones públicas con un plan privado de pensiones.

En Europa los modelos de financiación de las pensiones públicas van desde los que se financian exclusivamente con las cotizaciones hasta los que se financia a través de los impuestos. Entre ambos existen múltiples opciones.

Desde todos los ámbitos se reconoce que nuestro sistema de Seguridad Social precisa de cambios.

Como no podía ser de otra manera, con la sensibilidad que caracteriza a nuestro Gobierno, se le ha ocurrido empezar la ‘revolución’ del Sistema retocando aquellas prestaciones de las personas más vulnerables, viudas y huérfanos.

Si jubilación viene de júbilo y, llegar a esa edad en la que toca descansar después de una vida de trabajo, puede ser el inicio de una etapa dorada, en el caso de las pensiones de viudedad y orfandad, la alegría se torna pena. El hecho causante es la pérdida del ser querido sustento de la familia.

Pues a esos, a los más frágiles, la propuesta es sacarlos del sistema de financiación a través de cotizaciones y sufragarlos por los impuestos.

La medida podrá ser disfrazada para garantizarnos que así se asegura su viabilidad, pero la realidad es que vamos a pagar dos veces por lo mismo. Por una lado lo contribuido a través de las cotizaciones pagadas religiosamente por asalariados, autónomos y empresario durante toda la vida laboral, y por otro las sufragaremos a través de los impuestos, fundamentalmente el IRPF. Júbilo por partida doble.