Mayor control

La tarea que acometen las organizaciones solidarias son imprescindibles para que no se dé realmente una situación de alarma social. Gracias a ellas, las personas con problemas económicos ven cubiertas sus necesidades básicas, entre ellas las alimentarias. Pues bien, la Unión Europea, a través del Fondo de Ayudas Europeas, que aportará a España hasta 2020 más de 563 millones de euros que serán traducidos en lotes de alimentos, ha decidido ir más allá y ha establecido que, a partir de ahora, será obligatorio que los beneficiarios reciban una atención integral, con un seguimiento, acompañamiento laboral y aplicación de medidas para la integración social. Pero antes de todo, las entidades, en este caso Cruz Roja y Banco de Alimentos, deberán contar con un informe social de cada una de las personas asistidas, con el objetivo de comprobar que quien recibe el alimento así lo necesita y, sobre todo, evitar que una misma familia sea atendida por dos entidades, mientras otra está desatendida.

Estos controles son muy necesarios para cumplir con la finalidad de estos programas. Como es lógico, los encargados de realizar estos informes y seguimientos deben ser profesionales de Trabajo Social, a través de las Áreas de los Servicios Sociales con los que cuentan los Ayuntamiento. El problema es que ahora mismo, estos departamentos, como es el caso del de Cádiz, están saturados y con falta de personal y por esta razón este proceso de atención completa al beneficiario lo están haciendo en algunos casos personal no profesional. Y es que el primer informe social deberá estar listo antes de fin de año, fecha en la que está prevista la llegada del nuevo reparto.

Ahora queda esperar a ver si el trabajo se realiza correctamente y se cumplen los parámetros establecidos por la UE, a pesar de no estar en manos de profesionales del sector.