Blindaje sanitario

s innegable que España disfruta de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y la prueba es que estamos a la cabeza en la mayoría de los indicadores de resultados de salud, como pueden ser la esperanza de vida al nacer, el número de años de vida saludable, la salud materno-infantil o las tendencias decrecientes de mortalidad por diversas enfermedades. Y a todo ello contribuye, de manera definitiva, el excelente nivel y la dedicación de nuestros profesionales sanitarios.

Cuestión diferente es la heterogeneidad, en resultados e indicadores, que se observa entre las distintas Comunidades Autónomas que integran nuestro país, algo que no debe sorprender puesto que la financiación de los servicios de salud depende, fundamentalmente, de la voluntad de los respectivos gobiernos autonómicos que son los que deciden si el dinero lo gastan en personal sanitario y en dotar centros asistenciales o si, por el contrario, prefieren invertirlo en otros menesteres, actuaciones o proyectos o sectores que consideren más prioritarios.

Esto es consecuencia de la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas con un modelo de financiación sanitaria, en el que no existe dotación específica estatal, que refrendó el gobierno socialista en el año 2009. Ahora, en pleno mes de agosto, el Consejero de Salud del gobierno andaluz anuncia, a bombo y platillo, un proyecto de ley autonómica para blindar la sanidad pública de Andalucía, aunque no se sabe muy bien que es lo que se quiere blindar concretamente. Quizás se trate de blindar la ya tradicional infra-dotación presupuestaria andaluza porque el anuncio lo hace, precisamente, en el momento en el que se han denunciado el cierre de camas en los hospitales de la provincia y eso que el número de camas de titularidad pública por cada 1000 habitantes es, en Andalucía, de 1,67 mientras que la media nacional es de 2,4. Posiblemente se deba a que en la Consejería del ramo se piense que en verano la población en Andalucía, y más concretamente en la provincia de Cádiz, debe disminuir muchísimo. El anuncio de la ley andaluza del blindaje se ha hecho también cuando se conoce que Andalucía sigue siendo la Comunidad Autónoma que menos invierte en salud por habitante.

El año pasado, 2014, la inversión media nacional fue de 1207 euros por persona mientras que, en Andalucía, el gasto sanitario por habitante fue de 977 euros. Para este año, 2015, la inversión media en el conjunto del país ha subido a los 1228 euros; pero Andalucía se queda en los 1007 euros. Obviamente, el dinero no es el único factor determinante y un sistema puede ser más eficaz si con los mismos recursos financieros se obtienen los mejores resultados.

El problema está cuando los indicadores indican lo contrario. Y resulta que, entre las Comunidades Autónomas, Andalucía ocupa el último lugar o se encuentra en el furgón de cola en indicadores claves de resultados en salud. Por mucha autopropaganda que se haga difícilmente se puede alabar, y juzgarlo como eficiente, un sistema que ahorra en lo más importante en la sanidad, sus recursos humanos. Y Andalucía no puede presumir precisamente de tratar bien a sus profesionales cuyo número, por cierto, está muy por debajo de la media nacional por población.