¿Quién quiere casarse ante notario?

Ya sea por la novedad, por el sentido romántico o simplemente por no tener que aguardar una larga lista de espera, las parejas de Cádiz han mostrado ya su interés en que en el día más importante de sus vidas les case un notario.

Estos funcionarios así pueden hacerlo desde hace unas semanas, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria publicada en el Boletín oficial del Estado el pasado 3 de julio. En virtud a esta norma, además de celebrar matrimonios, los notarios y secretarios judiciales podrán otorgar escritura pública de separación o divorcio, así como la formalización de un acto de conciliación.

De momento, los notarios están autorizados para celebrar los enlaces, que no para llevar a cabo la tramitación de los expedientes previos de matrimonio, requisito necesario para luego contraerlo.

Según dispone la controvertida –por dilatada y modificada– ley, la capacidad de gestionar los expedientes no va a ser competencia notarial hasta el 30 de junio de 2017.

Por lo que hasta esa fecha, las parejas pueden acudir a un notario para el casamiento, pero previamente habrán tenido que tramitar el expediente ante el secretario judicial, como hasta ahora. Una vez resuelto, los contrayentes eligirán notario al igual que hacen con un Ayuntamiento o un Juzgado.

El nuevo texto, que en este caso responde a la intención de agilizar las listas de espera del Registro Civil, no consigue de momento su objetivo. «Probablemente, la tramitación sea más ágil en notaría que en el registro civil. En notaría pueden elegir el día y firmar en cualquier momento», adelanta el notario gaditano José Ramón Castro, de Castro y Cotorruelo. Hasta su notaría ya han llegado futuros esposos para solicitar información sobre los pasos a seguir para ser casados por estos funcionarios, titulares de la fe pública.

A pocos ha escapado el aspecto económico de estos actos. La Ley de Jurisdicción Voluntaria ha abierto las puertas a que los notarios puedan casar o divorciar pero, ¿a qué precio? Cuando el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció la medida, habló de que ésta serviría para desatascar el sistema judicial por un «precio razonable», unos 95 euros. Pero el coste no se sabrá hasta octubre, plazo máximo fijado para la reforma de ley, en cuya modificación se establecerá los aranceles que se van a devengar por la ejecución de este acto.

«Mientras tanto aplicamos el arancel que tenemos en vigor, y consideramos que el matrimonio es un documento sin cuantía», apunta Castro. Un documento sin cuantía vendría a costar unos 60-70, «en cualquier caso menos de 100 euros», sostiene el notario.

Nada que ver con los 30 euros de los que se ha hablado en algunos medios de comunicación. Una cantidad que no daría ni para cubrir gastos. «Hay que tener en cuenta el IVA, las copias del acta o los folios correspondientes a la resolución judicial que haya que incorporar», matiza Castro.

Tras su paso por el Congreso, la Ley de Jurisdicción Voluntaria salió muy diferente a la aprobada en su día por el Consejo de Ministros. De hecho, entre otras muchas enmiendas, se apostaba no sólo porque los notarios pudieran casar y divorciar, sino que ampliaba la posibilidad de que también lo hicieran los secretarios judiciales. Precisamente estos, a diferencia de los notarios, sí podrán hacer ambos trámites de forma gratuita.

En el caso del divorcio, la ley contempla algunas excepciones. «Lo único que requiere es que los firmantes comparezcan asistidos de letrados, que lleven más de tres meses casados, que no haya hijos menores o hijos con la capacidad modificada judicialmente, o sea, sujetos a tutelas, curatelas, incapaces en definitiva», explica José Ramón Castro.

El notario comenta el matiz emocional de su nueva función.«Lógicamente hay que tener un mínimo de sensibilidad, casarse no es una cosa banal, en un día tan importante para la vida de dos personas habría que ser un insensible para no obrar en consecuencia. Pero bueno, es una función más que intentaremos cumplir con todo el cariño e indudablemente es un satisfacción para nosotros».

En cualquier caso, insisten, los notarios poco han tenido que ver en la redacción ni aprobación de la norma. «No la hemos pedido. Nosotros somos funcionarios públicos al tiempo que profesionales, ejercemos la fe pública por delegación del Estado y cumplimos con las misiones que nos encomienda, eso es algo que mucha gente no entiende. Con esta ley no se trata de llevar el matrimonio a la esfera privada, de que el Estado esté desprendiéndose de competencias propias, nosotros actuamos por delegación del Estado», sentencia Castro.

Otras formas de darse el sí quiero

La nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria incluye que el matrimonio en forma civil se celebrará ante el juez de paz, alcalde o concejal en quien este delegue, secretario judicial, notario o funcionario diplomático o consular encargado del registro civill. El matrimonio celebrado ante juez de paz, alcalde o concejal en quien este delegue o ante el secretario judicial se hará constar en acta; el que se celebre ante notario constará en escritura pública. En ambos casos deberá ser firmada, además de por aquel ante el que se celebra, por los contrayentes y dos testigos.