El PP arremete contra el alcalde por anteponer la política de gestos a la gestión

La imagen que está exportando la ciudad de Cádiz al resto del país desde que Podemos asumió el poder municipal el pasado 13 de junio responde «a una carrera alocada de gestos». El PP, que ya ha presentado sus armas para ejercer de oposición a lo largo de esta legislatura, ha destacado que los nuevos ediles que representan ahora la acción de gobierno solo atienden las demandas de una minoría sin reparar en el interés general del resto de vecinos.

Estas declaraciones las hizo este miércoles el concejal del PP Ignacio Romaní durante la presentación de las nuevas funciones que asumirán los diez ediles del PP como nuevos representantes de la oposición política, donde la exalcaldesa Teófila Martínez será la coordinadora del grupo municipal, mientras que la portavocía la defenderá el propio Romaní.

Los populares han empezado a ejercer como una piña su nuevo papel de oposición. Así, los últimos acontecimientos protagonizados por el alcalde de Por Cádiz sí se puede, José María González, han tenido eco entre las filas del PP. La presencia del regidor el pasado lunes ante la Policía Nacional para evitar la orden judicial de desahucio de una familia en la calle Benjumeda, 35 ha sido duramente criticada por los ediles populares, «ya que los desalojos no se paralizan con fotos y espectáculos en la calle sino con una gestión previa».

Romaní, que estuvo acompañado por la que fuera responsable del área de Familia en el consistorio gaditano durante la legislatura anterior, Mercedes Colombo, y el exconcejal de Fomento, Bruno García, explicó que el Ayuntamiento de Cádiz evitó en 2014 un total de 187 desalojos sin acudir para ello a las cámaras de televisión. Tanto Romaní como Colombo explicaron que detrás hubo mucho trabajo de los servicios sociales del Ayuntamiento para pagar recibos atrasados de hipotecas y facturas de luz y agua. Insistió en que fueron «dramas sociales que se gestionaron con la emergencia que requerían las situaciones y con el derecho que tienen todos los ciudadanos de ser atendidos de la misma forma y con igual procedimiento». Adelantó, que el consistorio gaditano entendió a más de 1.500 familias necesitadas.

Romaní hizo referencia al trasfondo del desalojo del pasado lunes en la calle Benjumeda y señaló al respecto que el alcalde «conocía perfectamente el caso» porque «varios asesores de Podemos» habían acompañado a los afectados a reuniones con los servicios sociales municipales del anterior gobierno del PP. Romaní ha reprochado al nuevo alcalde que, en vez de trabajar con los técnicos municipales para encontrar una solución al problema, apurara «hasta el último momento» para acudir a la puerta de la casa «esperando la foto y la cámara de televisión».

El PP lamenta que el objetivo del alcalde fuera un gesto «de cara a la galería». No le importó, por tanto, que la familia se viera «desprotegida y utilizada para otros fines. LAVOZ desveló el martes que la propietaria de la vivienda, lejos de ser una persona adinerada, es una viuda que también arrastra problemas económicos.

Romaní aprovechó la comparecencia de ayer para recordar que se acusó al anterior gobierno de Teófila Martínez (PP) de «propaganda y autobombo», para preguntar acto seguido «qué mayor propaganda y autobombo que ponerse en la puerta utilizando en este caso a las familias desprotegidas».