El concejal de Sí se puede, Juan Antonio Pontones
El concejal de Sí se puede, Juan Antonio Pontones - l. v.
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PP y PA piden al concejal de Podemos que entregue su acta por los comentarios en redes

El edil pide disculpas, pero alude a la salida de la frase «sacada de contexto» para justificar los mensajes contra la Carta Magna de 2011

l. v. / E. M.
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Los desafortunados mensajes que publicó en redes sociales el edil puertorrealeño de Sí se Puede, Juan Antonio Pontones, contrarios a la Constitución e incitando a la violencia contra los cuerpos de seguridad han ido ganando en impacto conforme ha corrido la noticia. Alimentados por la polémica que ha surgido en torno al equipo de Manuela Carmena en Madrid, el concejal gaditano quiso esperar a ver la repercusión para tomar la palabra. Así lo ha recogido el comunicado de disculpas

Juan Antonio Pontones dijo lamentar «profundamente» haber podido herir a alguien con sus palabras y se reafirmó en su compromiso como concejal de «combatir cualquier forma de violencia, especialmente la económica que practican los poderes financieros contra las clases populares».

«Para ello he sido elegido por la ciudadanía, por mucho que le pese a quienes pretenden conseguir mediante linchamientos mediáticos lo que el pueblo no les ha dado en las urnas», afirmó.

El edil también recurrió a esa salida de «está fuera de contexto» para intentar justificarse y reconoció que los escribió hace años «cuando ni siquiera me había planteado tener un perfil público». Una vez hecho el borrón y cuenta nueva exigió que se le juzgue «por la labor como responsable público y por las palabras actuales».

Pero la gravedad de tales mensajes sí ha de tener consecuencias para el principal partido de la oposición, que ha exigido que entregue su acta. Así lo manifestó el Partido Andalucista en un comunicado en el que pidió al recién investido alcalde Antonio Javier Romero el cese para que quede patente que la corporación «se distinga por el respeto a las instituciones, el civismo y el fomento de las buenas conductas sociales, pacíficas y educativas». Los andalucistas mostraron su rechazo a que este tipo de hechos puedan justificarse «como mensaje con carácter humorístico», porque «no es ningún chiste, ni humor negro, se trata de una persona que prometió hace dos días lealtad a la Constitución y se ha descubierto realmente que ataca a los principios básicos de la democracia haciendo un llamamiento a un extinto grupo terrorista».

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El PP, como partido político sin representación en el Ayuntamiento, también quiso pronunciarse exigiendo su dimisión tras considerar que «es imposible mantener en el cargo de concejal a una persona que carece de principios y de moral política y de respeto a las instituciones». En un comunicado, el secretario general, Antonio Saldaña, consideró que «los comentarios vertidos en las redes sociales por Pontones ponen de manifiesto una falta de total de respeto a la Carta Magna, a las leyes y al propio sentido común» y aludió a la misma falta de «madurez política» que los andalucistas para reafirmar su petición de cese.

El resto de grupos de la oposición ha condenado los mensajes, pero no han dado un paso adelante para exigirle que entregue el acta. La portavoz del PSOE, Elena Amaya, se mantiene en la misma línea que el pasado martes cuando saltó la polémica. Insistió en que «condena cualquier tipo de violencia, acto violento o apología del terrorismo», pero no quiso entrar en lo que considera «una caza de brujas» y pidió centrarse en los problemas de Puerto Real.

El portavoz de Equo, Iván Canca, también condenó los mensajes que consideró «absolutamente desafortunados», pero valoró que haya pedido perdón y pidió que no se le juzgue por «una equivocación del pasado». De la misma forma, consideró que Maribel Peinado, cabeza de lista del PA, «no está legitimada para pedir ninguna renuncia cuando sigue en el Pleno con dos imputaciones». Y esa predisposición de los socios de Gobierno fue agradecida por el grupo Sí se puede, que arropó a su concejal, no llegando a recriminarlo por las afirmaciones en su perfil público.

El regidor se limitó a desviar la atención asegurando que «pocos titulares mereció el golpe de Estado social que ha supuesto la reforma del artículo 135 de la Constitución, la cual lleva el embudo estrecho para los derechos sociales y la parte ancha para los intereses de los bancos que asfixiarán a mí ayuntamiento y su capacidad de generar bienestar».

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