Dos denuncias más apuntan a un posible enchufismo sistemático en Chipiona

Una alcaldesa de Chipiona llegó a batir el récord provincial de enchufismo con la firma de 345 contratos laborales entre 2000 y 2004 . El Consistorio chipionero fue uno de los principales empleadoras del municipio durante ese periodo por obra y gracia de la socialista Dolores Reyes, quien al final fue condenada a siete años de inhabilitación. No puede ocupar un cargo público, pero sí pudo regresar a su puesto de trabajo, en el Ayuntamiento.

La sombra de las contrataciones con el sistema del 'dedazo' sobrevuela de nuevo en este Consistorio de la Costa Noroeste desde que en noviembre del año pasado la Fiscalía Anticorrupción denunciaba al alcalde Antonio Peña (PP) y a su concejal Rafael Naval por una serie de altas en la empresa pública Caepionis que no habrían respetado las condiciones establecidas en la bolsa de trabajo.

Aunque la Guardia Civil trabajó sobre decenas de contratos, señalados por haber beneficiado a supuestos allegados y simpatizantes del partido que gobierna el municipio, finalmente la Fiscalía vio indicios de delito en una decena.

En el marco de esta investigación, Peña y Naval, en calidad de máximos responsables de la sociedad municipal, están imputados y como tal declararon ante el juez hace unos meses.

Ayer, el PSOE desvelaba que existen dos denuncias más que apuntarían a un enchufismo sistemático, que habría hecho resurgir una práctica que llevó a la condena judicial a una de sus alcaldesas. Una de ellas se encuentra ya en manos de la Guardia Civil, según confirmó este periódico por fuentes del caso; mientras que la otra la ha hecho llegar el denunciante al Ayuntamiento para que tenga constancia de las irregularidades que recoge en ellas.

«Se ha interpuesto por parte de un vecino de la localidad una demanda por la contratación presuntamente ilegal que se ha dado por parte del alcalde, Antonio Peña, y para beneficio del exconcejal de Personal Agustín Lorenzo, contratación que no ha pasado por ningún procedimiento de convocatoria pública y sostenida en un informe que es firmado y avalado por otro concejal de la Corporación», señala el comunicado de prensa remitido por los socialistas de Chipiona.

Ese trabajador salió despedido en un ERE que redujo la plantilla municipal hace dos legislaturas. Decidió acudir a los tribunales cuando se enteró que el concejal de Personal había ocupado la plaza que dejaba vacante una funcionaria por enfermedad, alegando que se había presentado a las oposiciones y se había quedado a las puertas de acceder a su puesto.

El PSOE asegura que a este trabajador le han pedido desde el Consistorio que retire la denuncia y a cambio de un contrato laboral estable. «El actual equipo de Gobierno del PP, presuntamente, tras tener conocimiento de dicha demanda, se pone en contacto con el demandante procediéndose de forma inmediata a la contratación de éste, con un contrato hasta fecha 31 de diciembre de este año 2015, y con promesas de dejarlo fijo en el Ayuntamiento».

La incorporación de este jardinero en la plantilla municipal está provocando un efecto dominó entre otros aspirantes de la bolsa de trabajo que se ven afectados por lo que entienden una política laboral partidista . Y éste es el núcleo de la segunda denuncia: «El PSOE tiene conocimiento de otro documento presentado en el registro del Ayuntamiento, con fecha 8 de junio». Por ello los socialistas anuncian que van a emprender acciones legales contra estas prácticas.