«La presión de los intereses económicos ha dejado sin efectividad social derechos fundamentales del ciudadano»

La actual Constitución española es el segundo texto que más tiempo ha perdurado a excepción del que se aprobó en 1876. Joaquim Bosch, portavoz de la asociación profesional Jueces para la Democracia, hace un paralelismo entre los riesgos que se corren si no se aborda una reforma constitucional acorde con las necesidades actuales y las consecuencias que produjo ese inmovilismo en la Carta Magna de finales del XIX.

Ésta quedó suspendida en 1923 con el golpe de estado de Primo de Rivera. «La falta de ajuste a una realidad nueva propició que el sistema acabara cayéndose y se impusiera un golpe de estado y el inicio de un periodo de nuestra historia muy convulso».

La asociación progresista de jueces ha celebrado su XXX congreso anual en Cádiz.

La elección de la Tacita de Plata «no ha sido casual». Los organizadores han querido elegir la cuna de la Constitución de 1812 para celebrar su encuentro más crítico con la actual situación política y judicial. El análisis que se extrae de estos dos días de debate gira en torno a una misma idea: «El actual marco constitucional ha dejado de ser una herramienta eficaz para responder a los retos actuales».

Según confirmó Bosch tanto el líder del PSOE, Pedro Sánchez, como el de Podemos, Pablo Iglesias, se han mostrado partidarios de abrir ese proceso en caso de gobernar.

En el congreso no solo se ha debatido sobre la demanda de iniciar un proceso constitucional a secas sino también de incluir en él la reforma de instituciones que a juicio de este colectivo han perdido sentido como el Senado, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.

Además, entre las conclusiones extraídas de las mesas está el reconocimiento de nuevos derechos nacidos de la propia evolución social como la protección de datos. Si bien, Bosch ha hecho especial hincapié en que por el camino también se han ido despojando de contenido otros derechos reconocidos como el de la vivienda . «La presión de los intereses económicos ha dejado sin efectividad social derechos fundamentales del ciudadano».

En la rueda de prensa ofrecida por el portavoz de Jueces para la Democracia, se ha realizado un balance negativo de la legislatura que está a punto de concluir en cuanto a mejora introducidas en el sistema judicial. Lamentan desde esta asociación que se sigan aparcando reformas muy demandas para la modernización del sistema judicial y que «sin embargo se dediquen los esfuerzos para introducir cambios en la ley de enjuiciamiento criminal» con el objetivo de acortar los tiempos de la instrucción, «sin dotar de más medios a los jueces. ¿Qué hubiera pasado si esta reforma hubiera entrado en vigor con los casos Urdangarin o Rato, que no se hubiera llegado hasta el fondo porque se habría agotado el tiempo».

A preguntas de los periodistas ha expuesto cuál es la postura de Jueces para la Democracia en cuanto a la intención del Gobierno de impedir la toma de imágenes de detenidos por parte de los medios. Una regulación que se produce en mitad de un estallido de los casos de corrupción, con responsables políticos desfilando casi a diario por los juzgados.

«Nos parece muy criticable el momento elegido, las formas precipitadas y rápidas para impulsar esta medida ahora y no cuando le afectaba a personas anónimas, que nada tienen que ver con la política. De cualquier manera, estamos ante una colisión entre el derecho a la información y el derecho a la presunción de inocencia de cualquier individuo. El primero es un derecho que no puede ser violado. La ciudadanía tiene derecho a una información veraz. Ahora bien los poderes deben de tratar de evitar la exhibición gratuita de detenidos como ocurrió con el caso de Rato, cuando los medios fueron alertados para que le grabaran durante su arresto».