Crónica de una muerte política, la de Eva Corrales

Ni estar imputada, ni procesada, ni sentada en el banquillo de los acusados. Ninguna de estas situaciones han sido motivo suficientes para que la alcaldesa de Rota en funciones, Eva Corrales (PP), renunciara a encabezar la lista de su partido en los pasados comicios municipales.

Tampoco había razones para la dirección del partido, que en lugar de aplicar el mismo rasero que exigen a otros partidos, se enrocó en la figura de Corrales y la defendió a capa y espada. Su presidente provincial, Antonio Sanz, fue el portavoz de esa defensa a ultranza, poniéndola de ejemplo de eficacia en la gestión municipal.

Cuatro son las causas judiciales que tiene delante Eva Corrales, y en la primera que ha sido juzgada, la Audiencia Provincial le ha impuesto una pena de cárcel severa, que de confirmarse por el Tribunal Supremo la enviaría 'de facto' a prisión. Fuentes judiciales han confirmado a LA VOZ que la Sección Cuarta del tribunal provincial había tomado una decisión antes de las elecciones, pero esperó a que pasara la cita electoral para darla a conocer y evitar la sospecha de cualquier injerencia en el electorado.

Pero no hizo falta que se conocieran la condena por el caso 'horas extras' para derrotar políticamente a la política popular. La apuesta de Eva Corrales como candidata resultó suicida. El PP perdía el 24 de mayo la Alcaldía y cualquier posibilidad de pacto de gobierno con su socio Roteños Unidos (RRUU). El PSOE ganaba de forma holgada a una alianza que llevaba más de una década al frente de la Alcaldía.

Fue el primer varapalo para Corrales, que acabaría noqueada y en la loneta cuando este fin de semana se conocía que era condenada a cuatro años y medio de cárcel y a doce de inhabilitación. Se acabaron las prórrogas y las excusas.

La regidora por unos días anunciaba poco después que no recogería su acta de concejal de oposición en la próxima constitución del pleno municipal. Fuentes del Consistorio roteño se preguntan si ésa hubiera sido la misma decisión en caso de haber ganado las elecciones. Siempre le hubiera quedado como último recurso el Supremo y que la sentencia no es firme aún. Tras lo vivido en los últimos meses en Rota, todo era posible.

Al anunciar su retirada, Eva Corrales convocó una rueda de prensa en la que volvió a defender su inocencia y a esgrimir los mismos argumentos que empleara ante el tribunal que la ha condenado: no sabía que estaba cometiendo una ilegalidad, no hubo menoscabo a las arcas públicas y todo es fruto de una «persecución política». No se sabe si también son promotores de esa maniobra el fiscal Anticorrupción que la acusó, la jueza instructora que pidió sentarla en el banquillo y el tribunal que la ha sentenciado.

Durante la rueda de prensa y detrás suya, Lorenzo Sánchez, quien le entregara el bastón de mando en 2010. Él era el alcalde cuando se produjo las adjudicaciones ilegales de una serie de trabajos de confección a un funcionario municipal. Pero ha sido absuelto porque los magistrados no han encontrado pruebas de que estuviera al tanto de los apaños para encargar unos trabajos de suministro a un funcionario a pesar de que la ley lo prohíbe.

El futuro no se presenta tranquilo para el líder de Roteños Unidos. Está procesado en dos asuntos e investigado en un tercer caso más. Fuentes judiciales apuntan a que el respiro de alivio que ha podido dar este fin de semana se puede cortar de raíz en los próximos días cuando trascienda qué le pide la Fiscalía por el 'caso uniformes' . Un asunto en el que la jueza instructora ha visto indicios de delito suficientes para sentarlo en el banquillo de nuevo. La sospecha: que se lucró a través de contratos públicos.

El PP provincial remitía este domingo un escueto comunicado en el que decía respaldar la dimisión de Corrales. Sorteando de manera acrobática palabras como condena o cárcel, los populares argumentaban que esta decisión se tomaba en aplicación de la ley de incompatibilidad. La incompatibilidad de una condena que prohíbe a Corrales acceder a un cargo público durante doce años.