Las claves del caso judicial que ha expulsado a Eva Corrales del Consistorio de Rota

El caso 'horas extras ' era a priori la investigación judicial de menor enjundia de las cuatro que han cercado al último Gobierno municipal de Rota. Unos 50.000 euros que el Ayuntamiento había pagado a un funcionario municipal para la realización de una serie de trabajos textiles como bandas de Carnaval y colgaduras de balcones que debieron haber sido adjudicados a través de un proceso de contratación público.

A pesar de ser el procedimiento de menor calado, ha traído consigo una condena severa de cárcel para Eva Corrales, el exedil del PP Ismael Puyana y para varios funcionarios del Ayuntamiento de Rota, entre ellos el interventor.

Estas son las claves del procedimiento y los argumentos empleados por la Audiencia para tomar una decisión que ha sido la puntilla para el PP de Rota:

Saltarse la ley. Entre 2004 y 2010 (periodo investigado), la Delegación de Fiestas encargó a un funcionario municipal adscrito al área de Tributos la confección de productos textiles para distintas fiestas del municipio. El tribunal recuerda en su sentencia que estos encargos sustituían a los contratos de suministros y que dichos contratos públicos le están vetados a los funcionarios.

Cómo. En una primera etapa, el funcionario, que también ha sido condenado a dos años de cárcel y cinco de inhabilitación, cobró por esos trabajos a través de unas facturas que iban a nombre de su esposa y después pasó a percibir esos ingresos como horas extraordinarias. El tribunal concluye que en ambos casos se trataba de enmascarar unos contratos públicos y, por tanto, de ocultar la incompatibilidad del trabajador para cobrar por esos trabajos.

Las facturas de Pepi. Es la prueba más rotunda que había en contra de Eva Corrales. Como delegada de Fiestas autorizó el pago de facturas a nombre de Pepi, la mujer del funcionario condenado. Reconoció en el juicio que sabía que era su esposa, que era él quien hacía los trabajos, pero que desconocía que la facturación fuera a nombre de otra persona. "Yo firmó si mirar". Algo que el tribunal considera inverosimil.

Yo no sabía. Tanto técnicos municipales, como el secretario como el interventor y los cargos políticos aseguraron que no sabían que estaban cometiendo una ilegalidad. Los magistrados consideran su versión no creíble por la experiencia acumulada en el Ayuntamiento, por las responsabilidades que habían tenido y porque había un dato que debió haberles llamado la atención como mínimo: el Consistorio pagaba facturas con datos falseados.

Una práctica que viene de lejos. Eva Corrales y Lorenzo Sánchez se han agarrado en sus discursos a que ese sistema de encargos al funcionario viene de etapas anteriores y no era una práctica que ellos pusieron en marcha. Los magistrados responden a este argumento que no es relevante. Si un sistema es ilegal no hay que perpetuarlo.

Horas extraordinarias irreales. A partir de 2007 el funcionario dejó de cobrar por esos trabajos textiles a través de facturas y pasó a percibir ese dinero como horas extras. La fórmula elegida fue repartir la cuantía de cada encargo en varias mensualidades; lo que originaba una suma mensual de horas extras desorbitadas. Eso fue la que llamó la atención de algunos compañeros, que entregaron documentación al grupo municipal de IU para que denunciara. La Audiencia concluye que el Consistorio pagó por gratificaciones irreales y cuyo cálculo era imposible de verificar.