Los despedidos de UGT-A en 2012 rechazan la última propuesta de 35 días para zanjar el conflicto

El juicio sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) en UGT-A declarado en 2012, se suspendía este jueves en la sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) de Málaga. El tribunal aplazaba la vista oral para el próximo 24 de junio debido a la ausencia de cinco testigos que habían sido citados. Entre ellos, Federico Fresneda, extesorero de UGT Andalucía y uno de los hombres de confianza de Manuel Pastrana.

Fresneda accedió a la primera ejecutiva regional de Pastrana en marzo de 1998 desempeñando los cargos de secretario de Administración y luego tesorero del sindicato.

Antes de iniciarse el juicio que apenas duró unos minutos, la Sección Sindical sometía a la votación de los afectados una propuesta económica que de haberse aceptado habría significado el final del conflicto.

Sin embargo fue rechazada.

La oferta a los trabajadores consistía en una indemnización de 35 días por año trabajado hasta un tope de 18 mensualidades. Además, los mayores de 55 años recibirían un complemento de 15.000 euros. Si bien, estas medidas no serían de aplicación para los trabajadores que procedían del Plan Orienta y que fueron despedidos por finalización de los programas, según argumentó en su día el sindicato.

Si bien, fuentes del colectivo matizaron que esa propuesta, que fue remitida por correo electrónico a los afectados por el ERE hace unos días, fue modificada en el último momento y el complemento salarial se ofrecía a los mayores de 57.

26 afectados de Cádiz

Este proceso laboral afecta a 159 trabajadores, 26 de los cuales trabajaban en la provincia gaditana.

A finales de noviembre de 2014, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo anulaba la sentencia del TSJA que declaraba ajustado a derecho el ERE en UGT Andalucía. El Supremo reprochó al Alto Tribunal andaluiza que no admitiera unas pruebas solicitadas por la representación de los trabajadores, argumentando que la petición no había sido cursada en el tiempo procesal oportuno y que podía generar indefensión en la otra parte. El abogado de los afectados por el ERE, Alberto Matador, explicaba hace unos meses a LA VOZ que ese material probatorio consistía en información contable y documentación sobre las distintas empresas vinculadas a la organización sindical para acreditar «la inexistencia de causas económicas que justificaran el despido de 159 personas».