El tráfico de la necesidad

Hace unos años llamaba clamorosamente la atención que una de las zonas de El Puerto donde más caro se vendía el metro cuadrado fuera en la barriada de José Antonio, ese núcleo de viviendas que frente al cementerio de la ciudad ha sido durante finales de los 90 y principios de 2000 uno de los puntos calientes del tráfico de drogas de toda la Bahía. El precio de estas casas se disparaba a pesar de ser pequeñas, antiguas, y estar sumidas en la temeridad y desolación que trae la droga. Para los narcos era cuestión de negocio. Como tener una tienda en la milla de oro de una gran ciudad. Pues bien, esas y otras casas que en la actualidad son puntos de venta de estupefacientes son viviendas sociales. Es decir, bienes públicos cedidos por las administraciones por cuestiones de bienestar y responsabilidad a personas que necesitan ayuda para tener una casa digna. Pero, ¿digna para vivir o para traficar?«Con recursos públicos, de manera indirecta, se están sosteniendo actividades ilícitas», señalan desde el grupo Udyco de la Comisaría Provincial. Y el descontrol es evidente, y permitido, ya que la Policía conoce los casos en los que claramente la necesidad se ha convertido en negocio. Los casos que han puesto en aviso a los Juzgados no se refieren a aquellos que se han visto abocados a este oscuro plan porque la crisis había arruinado todo lo que habían construido, sino a los de vecinos que se dedican al tráfico de drogas de manera profesional. A los que desde hace años, el menudeo es su forma de vida, su salario. Desde la Fiscalía confirman que está ocurriendo pero que es difícil atajarlo porque las titularidades de estas viviendas no están habitualmente a nombre de quien delinque. Aún así, los juzgados, las administraciones, quien fuera, no deberían de permitir que esto ocurriera más, que desde un bien público se pueda estar haciendo tanto daño. El control y la confianza en las fuerzas de seguridad son vitales.