Su barco, usado como narcopesquero de Sanlúcar por su hermano

Un vecino de Sanlúcar ha sido absuelto por la Audiencia Provincial del delito contra la salud pública que venía siendo acusado por la Fiscalía. El año pasado, la Policía Nacional encontró en su barco pesquero 2,6 toneladas de hachís.

La declaración de su hermano, que confesó haber usado el pesquero sin el consentimiento del propietario y la inexistencia de otras pruebas que le incriminen, han sido los elementos valorados por el tribunal para dictar una sentencia absolutoria. Se da la circunstancia que esta persona ya fue condenada a dos años de cárcel por sentencia firme en 2010 y por el mismo delito.

El juicio se celebró a finales del pasado mes de abril en la Sección Cuarta. En el banquillo se sentaban dos hermanos para quienes la Fiscalía pedía una pena de seis años de cárcel.

Francisco Romero, de 48 años, aseguró al tribunal que el verano pasado un ciudadano marroquí le propuso meter 40 cajas de droga en el barco de su hermano.

Según su versión, aprovechó que tenía las llaves de la embarcación y una noche salió con esa persona que no ha podido ser identificada. Llegados a un punto en alta mar, le entregaron la mercancía ilícita que fue interceptada posteriormente por la Policía Nacional en el puerto de Bonanza.

Uno de los agentes que intervino en la operación y declaró en el juicio, describió la reacción del dueño del barco "de sorpresa" cuando fue llamado a que se presentara en el puerto y le confirmaron que su pesquero estaba cargado de droga. "Dónde me has metido", dice el funcionario policial que le escuchó el acusado en referencia a su hermano.

En ese momento no pudo evitar la detención. Tampoco pudieron esquivarla el resto de miembros de la tripulación que salían a la mar a faenar en el pesquero bajo sospecha y que son familiares de los dos acusados. Si bien, la Fiscalía solo acusaba al inicio de la vista oral a los dos hermanos.

La única prueba que incriminaba al dueño del barco era su condición de propietario. Algo insuficiente para los magistrados, quienes tampoco admiten la petición de atenuante por confesión del otro acusado, Francisco Romero. Los magistrados argumentan que el procesado decidió presentarse voluntariamente en el juzgado después de que cayeran detenidos varios miembros de su familia.

Así, el tribunal le impone una pena de tres años y medio de cárcel y el pago de una multa de ocho millones de euros. Unas sanciones económicas que rara vez se abonan; de ahí que el tribunal ya recoja en su sentencia una pena subsidiaria de 30 días de arresto en caso de impago.

La Fiscalía, por su parte, no va a recurrir la sentencia. Y la defensa del procesado que ha sido absuelto, ejercida por el abogado Manuel Montaño, se mostraba satisfecha con el dictamen judicial, a pesar de que su cliente permaneció casi tres meses en prisión preventiva. Con la absolución, el dueño del barco también recupera la embarcación.