2014: un año perdido para la Justicia

En primavera suelen conocerse los balances sobre el estado de la Justicia desde la perspectiva del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o la Fiscalía Superior andaluza con respecto al año anterior. Hace unas semanas, el TSJA daba a conocer su memoria de 2014. Un ejercicio que resume en sus primera páginas con una expresión poco alentadora: "Ha sido un año perdido".

La agria crítica del tribunal andaluz va dirigida tanto al Ejecutivo central, responsable de no haber iniciado reformas legislativas demandadas en años anteriores para modernizar el sistema judicial; como a la Junta, competente en materia de recursos e infraestructuras. "La eterna asignatura pendiente", define a la Justicia el alto tribunal andaluza, la cual no ha mejorado en ningún aspecto durante el último año.

Desde el TSJA se sigue reclamando una profunda modificación de la actual estructura organizativa de los juzgados, "que siguen funcionando como hace 180 años", proponiendo un sistema que se aleje del modelo de juzgado independiente y se asemeje más al de una sala de una Audiencia; facilitando así compartir recursos y medios.

Ésa es sola una de las demandas que desde el tribunal andaluz llevan años reiterando en sus memorias. En cuanto a la dotación de medios, el informe del TSJA deposita la lupa en la falta de inversión de la Junta, incumpliendo sus propios compromisos de mejora de infraestructuras judiciales.

La falta de espacios de titularidad pública para ubicar los distintos órganos que conforman la planta judicial de Andalucía tiene una inmediata consecuencia, como se subraya en la memoria: el aumento del coste en alquileres de edificios que son de propiedad privada. Una política que, en el caso de Cádiz, se ha consolidado.

El informe del TSJA redunda en el demoledor estudio que hizo público a principios de año la Cámara de Cuentas de Andalucía. El órgano fiscalizador analizaba el nivel de ejecución del programa de infraestructuras 2002-2008 de la Junta de Andalucía, que recogía todas las infraestructuras que iba a construir la Administración andaluza durante ese periodo.

El tribunal llama la atención al Gobierno regional por no haber invertido en quince años el 77% de los proyectos que había prometido para toda la comunidad autónoma. El TSJA apela a reconducir la política en esta materia hacia un aumento de las sedes de propiedad pública y reducir el gasto que la Consejería de Justicia debe afrontar año tras año en alquileres. La cifra no es nada desdeñable, el TSJA subraya cómo la Administración andaluza se deja al año 14,8 millones de euros solo en ese concepto por carecer de espacios propios.

Mínima inversión en 15 años

"Debemos seguir recordando la existencia de edificios judiciales dispersos, inadecuados, e incluso infrautilizados en muchas ciudades. Hemos de pedir un mayor esfuerzo en ese sentido a la Administración competente, pues no parece aceptable que el 77% del presupuesto programado para infraestructuras judiciales no se haya ejecutado tras quince años de ejercicio de competencias en Administración de Justicia".

Esa radiografía andaluza es extrapolable a cada una de las provincias. Con respecto a la gaditana, apenas se han producido novedades en su planta judicial dentro del capítulo de infraestructuras. Además, en el caso de Cádiz la situación es especialmente acuciante porque según la Cámara de Cuentas, es la segunda provincia, solo superada por Sevilla, donde menos obras se han llevado a cabo de las que se habían anunciado e incorporado al plan andaluz de infraestructuras.

Si la media andaluza está en torno al 20% , en la provincia gaditana se ha ejecutado un 9,5%. En cifras, se ha invertido en la planta judicial de esta provincia 26 millones de los 274,3 que había previsto el ambicioso plan andaluz.

Como consecuencia de esos incumplimientos, la provincia también encabeza detrás de Sevilla, el incremento en metros cuadrados alquilados. En concreto, la superficie alquilada se ha cuadruplicado y la factura se llegó a dispar a los 2,6 millones anuales en 2013.

Desde la delegación del Gobierno de Andalucía sostienen que están centrando sus esfuerzos en reducir esa factura a través de la renegociación de las rentas con los propietarios de los inmuebles. Y a través de una nota de prensa, la delegación informaba hace unos meses que se había conseguido reducir ese coste a 2,47 a finales de 2014. Sin embargo, la política del alquiler sigue siendo la única alternativa que en estos momentos maneja la Junta. El mejor ejemplo se observa en San Fernando.

"Necesidades apremiantes"

El TSJA tilda de "necesidad apremiante" un cambio de sede de los juzgados de La Isla, el segundo municipio más poblado de la Bahía de Cádiz y el cuarto de la provincia. En San Fernando hay reservada una parcela para la construcción del edificio judicial. Sin embargo, la alternativa ha sido el arrendamiento. El TSJA confía que para 2015 esté en funcionamiento la nueva sede, que se ubica en la plaza de El Carmen, en la planta baja de un inmueble de reciente construcción.

La Delegación del Gobierno de la Junta confirmaba el mes pasado la firma del contrato con la empresa encargada del acondicionamiento del espacio. Unos trabajos que tienen un plazo de ejecución de cinco meses.

Concursos que quedan desierto

En ese apartado de urgencias, el TSJA incluye también a los juzgados de La Línea. La nueva sede es otro de los proyectos contemplados en el plan andaluz de infraestructuras que ni tan siquiera se ha iniciado. A principios de este año, el BOJA publicaba la licitación del contrato de arrendamiento de un espacio que concentre todos los órganos judiciales del municipio linense en un mismo edificio.

La Administración busca arrendar un inmueble con una superficie de 2.342 metros y un coste de 265.928,64 euros anuales. Esas condiciones ya salieron a concurso en 2014 pero no hubo ofertas que se ajustaran a las condiciones recogidas en el pliego.

También quedó desierto en 2014 el concurso para el alquiler de una nueva sede donde ubicar los juzgados de Algeciras, uno de los principales partidos judiciales de la provincia por número de juzgados, carga de trabajo y que cuenta hasta con una sección desplazada de la Audiencia provincial.

Paradigma de ineficaz gestión

Para el TSJA, la ciudad de la Comarca del Campo de Gibraltar junto a Granada, sede del TSJA, son los dos ejemplos "paradigmáticos" de una errática política en materia de infraestructuras judiciales y que "requieren de un esfuerzo", según la memoria del tribunal andaluz, para que en 2015 no se mantenga la actual situación. La crítica no sólo se centra en que los edificios son inadecuados para la función que deben tener; es que además le suponen un elevado coste a la Administración andaluza.

Sobre los juzgados algecireños, el TSJA subraya la situación del juzgado de Menores y de Vigilancia Penitenciaria porque no reúnen condiciones y además generan al año una cara factura por su alquiler. El tribunal no entiende cómo no se reubican en "bienes de titularidad pública" que la Administración tiene a su disposición.

Y un año más, el TSJA no olvida a la capital en su repaso de los puntos negros del mapa de infraestructuras judiciales. En la memoria se vuelve a insistir en la dispersión de sedes en una ciudad que lleva más de una década esperando que la Administración andaluza cumpla con su promesa de dotarla con un edificio nuevo que albergue todos los juzgados.

A pesar de que el delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, trató de resucitar el proyecto de la ciudad de la Justicia con la propuesta de una nueva ubicación en lo que fue Altadis. Tras la controversia generada unos días, el proyecto volvió al cajón.