El testigo del caso Lasa-Zabala, de nuevo señalado por intrusismo

La vida real o inventada de Pablo Codesido da para un libro. Sus antecedentes penales prueban que este vecino de La Isla no es un ciudadano corriente. Hasta tuvo un nombre en clave: 1964/S como testigo protegido del conocido caso Lasa-Zabala. Un asunto estrechamente ligado a la guerra sucia del Estado contra ETA.

Exoficial de la Armada, experto en inteligencia, investigador privado…sus pieles se mudan por etapas. La última le define como un condenado por intrusismo. La Audiencia Provincial lo sentenció en 2013 a tres años y seis meses. Ejerció como detective sin la debida autorización. Fue contratado por varios clientes de San Fernando para el seguimiento de personas y llegó a declarar como perito en un juicio con la identificación de otra persona.

Ése es el penúltimo episodio de la trayectoria de este peculiar personaje que en 1996 denunció haber sido violado en una playa de San Fernando en represalia a su declaración en el sumario Lasa-Zabala, provocando la comparecencia del entonces ministro del Interior, Jaime Mayor-Oreja, en sede parlamentaria para dar explicaciones.

Codesido vuelve a situarse en el epicentro de la polémica con la queja presentada por cuatro letradas ante el Colegio de Abogados de Cádiz por posible intrusismo y estafa. Todas fueron contratadas por Codesido para trabajar en un despacho con sede en el polígono las Salinas de El Puerto de Santa María. Las abogadas, recién colegiadas y con escasa experiencia, contactaron con él a través de un anuncio insertado en prensa.

Este periódico ha tenido acceso a ese escrito, que ha motivado la apertura de un expediente en el Colegio gaditano, según confirmaron fuentes oficiales de la institución. Esa investigación interna puede desembocar en una denuncia en los juzgados. Hace escasos días, las abogadas mantenían una reunión con responsables del órgano colegiado para aportar pruebas que acrediten el contenido de su queja.

Minutas por adelantado

Las letradas denunciantes se marcharon del despacho al acumularse varias mensualidades sin cobrar. Pero además del impago de emolumentos y los incumplimientos de contrato, las abogadas sospechan que Pablo Codesido las usó para justificar el cobro por anticipado de las minutas de sus clientes, a los que les prometía una asistencia letrada consolidada en asuntos muy complejos. "Sin embargo, no estábamos preparadas ni mucho menos para llevar esos asuntos", señala una de las profesionales a este medio.

Algunas de esas abogadas aterrizaron en el despacho sin haberse colegiado aún y en plena formación. "Pese a todo, nos encontramos con asuntos difíciles como estafas de más de 150.000 euros o casos de narcotráfico con más de 20 acusados, que requieren de letrados experimentados".

Cuando se entrevistaron con algunos de esos clientes, aseguran que estaban convencidos de que Pablo Codesido es un abogado con un despacho propio a pesar de que no está ni licenciado en Derecho.

En internet el bufete de abogados de Codesido se promociona a través de la web www.despachopcg.com. En esa página, Pablo Codesido se presenta como fundador y experto multidisciplinar. Si bien de las numerosas materias que afirma dominar, en ninguna consta el Derecho ni se presenta como letrado.

Las cuatro abogadas han recurrido al Colegio para alertar que estas prácticas pueden afectar a la defensa de los clientes que contratan los servicios ofertados por Codesido, en la creencia que están ante el titular de un despacho experimentado de letrados.

Pero también, las abogadas quieren evitar que otros compañeros, recién salidos de la facultad de Derecho, respondan al anuncio empujados por el deseo de obtener cuanto antes experiencia y se vean engañados. Algo que ya ha ocurrido porque les consta que tras su salida de la empresa, otros colegas les sustituyeron.

A pesar de que está condenado a tres años y medio, Codesido no ha ingresado en prisión por el asunto juzgado en 2013 en la Audiencia Provincial. El exmilitar ha solicitado el indulto parcial y mientras se tramita esa medida de gracia, la suspensión de la ejecución de la pena que le llevaría al ingreso en prisión.