Unas irregularidades "tan flagrantes" que no cabe la tesis del desconocimiento

Se ha convertido en argumento recurrente en los procedimientos judiciales que salpican a cargos públicos e incluso a una infanta de España, que el imputado alegue el desconocimiento de la norma que con sus actos estaba incumpliendo.

En las causas judiciales que cercan al Gobierno local de Rota ha sido recurrente escuchar en sede judicial tanto a Eva Corrales como a Lorenzo Sánchez alegar que no sabían que se estaba cometiendo un delito. Por ejemplo en el caso de las horas extras, adjudicando trabajos de suministro a un funcionario o; quizás lo que llamó más la atención, que la alcaldesa afirmara ante la instructora del 'caso uniformes' que no sabía cuáles eran los otros negocios de su socio de Gobierno para defenderse de las adjudicaciones sistemáticas de contratos públicos que recibían esas empresas.

La jueza del nº 1 de Rota, que acaba de concluir la investigación de la causa de los convenios urbanísticos, responde a esa estrategia de defensa en su auto, afirmando que las irregularidades de los acuerdos que firmó el Ayuntamiento roteño con Promociones Castellano son "tan flagrantes" que no cabe aducir la ignorancia como excusa.

En provecho propio

"No son necesarios conocimientos exhaustivos de derecho urbanístico. Ello demuestra que la actuación de los imputados iba dirigida a utilizar la figura de los convenios para lograr sus fines, burlando las normas administrativas que garantizan el interés de la administración, y todo ello en provecho propio y de fines particulares".

Además, la instructora recuerda que en el primero de los tres convenios que han sido analizados en este procedimiento, el secretario municipal, que también está imputado, advirtió que se necesitaban informes favorables del área de Urbanismo, de la Oficina de Planeamiento y de la Intervención para aprobarlo. Y sin embargo, el acuerdo con la promotora se llevó a cabo.

La instructora destaca cómo en los dos convenios siguientes, el secretario no realizó ninguna advertencia, acusándole de no haber ejercido su labor para que las irregularidades no fueran aún más manifiestas.

Este secretario está también procesado por el caso uniformes y declaró como testigo a favor de Eva Corrales en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial por el asunto de las horas extras y que está pendiente de sentencia.

Similar papel le atribuye al coordinador de la oficina de planeamiento, al que responsabiliza de haber redactado "informes asépticos y sesgados" para amparar unos convenios que en síntesis suponía que el Ayuntamiento pagaba unos trabajos que no le correspondían y le adjudicaba a dedo unas obras públicas a la promotora de Felipe Castellano. Al eludir el concurso público, la administración perdía la oportunidad de atender otras ofertas de empresas del sector que pudieran ser más competitivas y beneficiosas en cuanto a costes y plazos de ejecución.

La investigación fue más allá y concluye que ese fue el favor que Lorenzo Sánchez hizo a la promotora a cambio de contratos para sus empresas.