El Ayuntamiento de Rota pagó a la promotora con dinero de las subvenciones del Plan E y del programa Reindus

La investigación de los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Rota con la empresa Promociones Castellano entre 2009 y 2010 reveló cómo el Consistorio, gobernado por Roteños Unidos y posteriormente por el PP, utilizó esos acuerdos para adjudicar a dedo obras públicas a una misma empresa.

Se trata de la tercera causa judicial que concluye con el procesamiento de Eva Corrales y su socio Lorenzo Sánchez, ambos aspirantes a gobernar el municipio de la Costa Noroeste a partir del próximo mes de mayo.

En virtud de esos convenios, que fueron respaldados por la junta de Gobierno local, el Ayuntamiento pagaba las obras contempladas en cada acuerdo, a pesar de que ese coste debía recaer en la Junta de Compensación (figura jurídica que representa a los propietarios del suelo) y que mayoritariamente la constituía Promociones Castellano.

A cambio, la promotora ejecutaba una serie de obras públicas que no salían así a concurso.

El auto de la jueza del nº 1 de Rota que se ha conocido este miércoles señala que el Consistorio utilizó el dinero de subvenciones para pagar esas obras a pesar de que no le correspondía al tratarse de trabajos que debía asumir la Junta de Compensación. Esos fondos públicos, destaca la instructora, provenían de subvenciones que recibió el Ayuntamiento por el Plan E y el programa Reindus.

La acusación que representa el PSOE sostiene que además de los delitos de prevaricación, malversación y cohecho que imputa la magistrada, se pudo producir un desvío ilícito de subvenciones, ya que esos fondos que liberó el Estado tenían un fin concreto: ayudar en la ejecución de proyectos municipales para reactivar el empleo, en el caso del Plan E, y poner en marcha proyectos empresariales (Reindus). Y sin embargo, se invirtieron en la reurbanización de un espacio en la zona de expansión del municipio, conocido como las nuevas avenidas, que debía haberlo ejecutado la Junta de Compensación.

La empresa, receptora de los fondos, se comprometía a la construcción de un centro de salud y de un colegio, a pesar de que son competencia de la Administración regional.

Lo cierto es que cinco años después, ni ese colegio ni el centro de salud están edificados. Recientemente varios diputados populares se desplazaban al solar donde debía estar funcionando el colegio para denunciar que la Junta incumplía su compromiso de levantar el centro educativo. Ambos proyectos fueron dos de las promesas electorales en las pasadas elecciones municipales.

De esta causa se desgajó el año pasado un procedimiento que en estos momentos está en instrucción y que atañe a la construcción del parking la Merced. Hace unas semanas se conocía el informe de la Guardia Civil, solicitado por la jueza, en el que se subrayan irregularidades en la adjudicación a dedo de la obra a la misma promotora. Un proceso que estuvo precedido por una permuta también bajo sospecha. El Ayuntamiento enajenó un solar público a cambio de una finca en el centro de Rota, propiedad de la misma empresa, que valía tres veces menos.