El PP de Cádiz sale en defensa de la privatización de los registros civiles

La rueda de prensa ofrecida por CCOO este martes y su posterior difusión en los medios sobre el rechazo a la reforma de los registros civiles ha tenido rápida respuesta por parte del PP de Cádiz, que ha acusado a los responsables del sector de Justicia del sindicato y a su secretaria provincial, Lola Rodríguez, de ofrecer «manifestaciones contaminadas y malas interpretaciones» que «solo hacen confundir a la opinión pública».

El sindicato está recogiendo firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que frene la reforma en el Congreso. La ley que la sustenta está aún en fase de desarrollo aunque se prevé que entre en vigor a primeros de julio.

A través de un comunicado, firmado por el secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, los populares han definido el nuevo modelo de Registro Civil como «electrónico, público y gratuito» y niega que ello suponga la pérdida de empleo público.

Un centenar de trabajadores, entre funcionarios con plaza e interinos, están en estos momentos en los 14 registros civiles de la provincia y los 14 juzgados de paz que tienen asumidas esas competencias en los municipios pequeños.

Según CCOO, los funcionarios con plaza serán reubicados en otros destinos de la planta judicial gaditana y serán sustituidos por registradores mercantiles y de la propiedad. Pero la duda está en los interinos. Los populares de Cádiz garantizan el pleno empleo de todos los afectados por la reforma, aunque en su nota no aclara el futuro laboral de aquellos trabajadores que no han consolidado su puesto.

«Los jueces, secretarios judiciales y funcionarios que actualmente se dedican en exclusiva o de forma compartida a prestar este servicio pasarán a realizar su actividad en el ámbito de la función jurisdiccional». Para Antonio Saldaña, estos cambios que vendrán con la entrada de o que supondrá un «refuerzo y mayor agilidad» de la Administración de Justicia.

Saldaña defiende el proyecto del Ministerio de Justicia porque «consiste en desjudicializar el Registro Civil» ante los niveles de saturación del mismo y la «insatisfacción» de los usuarios. El planteamiento es «encomendar su gestión a los registradores de la propiedad y mercantiles»; lo que permitirá desarrollar una «plataforma electrónica que pondrá en marcha el Colegio de Registradores, lo que favorecerá la tramitación electrónica de muchas gestiones cotidianas».

Niegan la privatización

El dirigente popular aclara que la desjudicialización del Registro «no supondrá ninguna privatización del servicio público», ya que «su gestión se encomendará a los registradores, que también son funcionarios públicos».

Asimismo, incide en que «se mantendrá, en todo caso, la gratuidad para el ciudadano y la titularidad estatal de los datos registrales», insistiendo en que «todos los trámites del Registro Civil que hasta ahora eran gratuitos para el ciudadano, lo van a seguir siendo».

Saldaña insiste en que la dedicación de este personal a la función judicial «supondrán agilizar la tramitación y resolución de asuntos judiciales, al incrementarse las dotaciones actuales». Los populares insisten en que van a «contar con más medios personales que conllevará una reducción de los tiempos de espera».