La Junta subvencionó contratos de trabajo fraudulentos y «precarios»

«No se ha proporcionado ningún empleo estable y de calidad. Solo se han conseguido 96 empleos precarios mediante contratos que incumplen la normativa».

Esta frase no forma parte de ningún discurso político formulado por los partidos de la oposición en Andalucía; tampoco es fruto del análisis de algún periodista 'malintencionado'. Se trata de la conclusión última de un informe elaborado por la Inspección de Trabajo a petición de la Guardia Civil dentro de la causa abierta por los cursos de formación que instruye la magistrada Mercedes Alaya.

Cuatro tomos de las diligencias que contienen más de 1.200 folios han trascendido a los medios de comunicación en los últimos días. Entre el abundante material que ya forma parte de la segunda megacausa que dirige el archiconocido juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, se encuentra un informe fechado el 9 de marzo en el que la Inspección traslada a la Guardia Civil las conclusiones del análisis que ha realizado a una serie de subvenciones otorgadas en 2009 por la Administración Andaluza para la formación de desempleados.

Estas ayudas llevaban aparejada la obligación por parte de las empresas beneficiadas de contratar a un 60% del alumnado que recibiera los cursos. Pero, según Trabajo, no se cumplieron ninguno de los objetivos marcados en las dos órdenes aprobadas por la Junta en 2008 y que regulaba la concesión de estas subvenciones (en 2009 se concedieron 255 millones y en 2010, 360 millones), calificando el poco empleo que generó esta financiación pública de precario y escaso.

La norma propició el fraude

Pero además de fracaso en la iniciativa, con la consiguiente pérdida de los millones de euros invertidos y el irrelevante impacto social, la Inspección va más allá y afirma que la norma andaluza que amparó este tipo de ayudas facilitó el fraude. A diferencia de otras normas aprobadas en otros territorios nacionales, Andalucía no vinculó la obtención de la ayuda a la posterior contratación por parte del beneficiario de la subvención. Abría la puerta a que una empresa recibiera la ayuda, pero la obligación de contratar recayera en terceros.

«La posibilidad de que el solicitante de la subvención sea distinto al que se compromete a contratar los alumnos permite la entrada en juego de un tercero cuyo interés es ajeno tanto al empresario que busca un trabajador cualificado como al desempleado que busca una ocupación. El interés de ese tercero, que no va a contratar a nadie, solo puede ser el de gestionar la subvención. Y nada impide que sea una compañía mercantil persiguiendo un beneficio».

El duro informe de la Inspección, que ya obra en poder de Alaya, se basa en el estudio de varios expedientes que sirven de muestreo. Trabajo analizó 38 cursos que se desarrollaron en las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga. El coste inicial de este conjunto de acciones era de 1,3 millones y el colectivo que iba a mejorar su formación: 570 alumnos. De cumplirse lo que establecía la orden, un 60% del alumnado que concluyó los cursos debió ser contratado. Eso significaba que 283 personas debieron ingresar en el mercado laboral.

Sin embargo, según reconoce el propio SAE, solo fueron contratados 96; lo que no alcanza ni el 26% del colectivo objetivo de este estudio. Y esta escasa cifra es incluso cuestionada por la Inspección de Trabajo que critica el sistema de verificación que siguió el SAE para comprobar que se estaban celebrando los contratos y que, por tanto, se cumplían con los requisitos para la obtención de las subvenciones.

Trabajo define de «laxos» los criterios que siguió el SAE para dar por buenas unas contrataciones que a juicio de la Inspección contravenían la propia norma gracias a la cual la empresa que les daba de alta recibía dinero público para su formación.

No se firmó ni un contrato indefinido. Todos eran eventuales que no llegaban ni al mínimo de seis meses estipulado; en algunos casos los trabajadores fueron dados de alta a tiempo parcial sin alcanzar el 50% de una jornada completa y en muchos casos, «cubrían puestos de trabajo no cualificados, que no requieren formación y menos aún si está financiada con fondos públicos».

Contratos en fraude de ley

Pero lo que es más grave aún, los contratos eventuales, según la Inspección de Trabajo, eran un fraude porque no se sustentaban en ninguna razón objetiva que justificara un incremento temporal de la plantilla.

En uno de los expedientes, además, el inspector destaca cómo la empresa (el grupo Dinosol) efectuó dos regulaciones de empleo, reduciendo su plantilla en un 15% entre enero de 2009 y diciembre de 2012. Pese a que ante la autoridad laboral reconocía dificultades económicas, recibió una subvención para formar a trabajadores e incorporarlos a su personal. De los 43 contratos que da por válidos el SAE, 41 eran a tiempo parcial. El compromiso que había adquirido este grupo empresarial era la contratación de 180 personas como carniceros, fruteros o cajeros.

La Inspección concluye que esos escasos contratos se hicieron en fraude de ley con la clara voluntad de «eludir la contratación indefinida».

El demoledor informe sostiene que los pocos y precarios contratos que se hicieron al amparo de unas ayudas públicas solo fueron una suerte de justificación de cara a la galería para no llamar en exceso la atención. El objetivo de los agraciados con la lluvia de millones, según la Inspección de Trabajo, era otro.

La Administración andaluza no abonó el importe total de esas subvenciones, sino que redujo la cantidad de las ayuda aprobada inicialmente en función de las contrataciones que no se llevaron a cabo.

Sin embargo, la interpretación que hace la Inspección de Trabajo es bien distinta. Entiende que la Junta debió haber solicitado el reintegro total de las subvenciones porque las empresas beneficiadas no cumplieron con los requisitos establecidos. Así, el inspector subraya cómo la Administración andaluza pagó un 65% de la ayuda concedida inicialmente; lo que supuso que cada «contrato basura» que se creó dentro de la muestra analizada por la Inspección tuvo un coste para las arcas públicas de 9.000 euros.