El delegado del Gobierno reconoce que «a veces los procedimientos vienen viciados»

La investigación que ha seguido la juez Mercedes Alaya en relación al fraude en los cursos de formación a parados ha salpicado directamente a la delegación gaditana de Empleo, gestionada entre 2005 y 2012 por el socialista Juan Bouza .

El levantamiento del secreto de sumario ha permitido ahora conocer con detalle cómo se gestionaba ese dinero público. La declaración de la interventora provincial, Nieves Chao, el pasado febrero, ha puesto blanco sobre negro al reconocer el caos que existía en el reparto de estas ayudas. Su declaración es la que ha llevado a la jueza Alaya a imputar al exdelegado de Empleo de Cádiz, Juan Bouza, por malversación y prevaricación.

Bouza firmó presuntamente certificaciones de subvenciones que no se habían justificado y que contenían numerosas irregularidades. La interventora avisó de estas anomalías en reiteradas ocasiones, pero Empleo miró para otro lado.

La situación de Bouza, que tras abandonar el cargo institucional volvió a su puesto de trabajo como funcionario municipal en el Ayuntamiento de Cádiz, es especialmente delicada. El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha aclarado que la juez investiga a Bouza «por un procedimiento administrativo que parece que no estaba bien organizado; no se le juzga por llevarse nada a su casa».

Preguntado por si pondría la mano en el fuego por Bouza, el delegado ha sido tajante y ha destacado que sí lo haría como político y como persona. En este sentido ha aclarado que «los procedimientos administrativos muchas veces vienen viciados y es los que se está juzgando ahora».

López Gil ha realizado estas declaraciones durante su visita al parque Tecnobahía, en El Puerto, donde ha firmado el expediente de constitución del nuevo Consejo de Administración del parque Tecnobahía. El delegado ha destacado en relación al fraude de los cursos de formación que «la tramitación de los cursos es un asunto que está en manos de la justicia y somos muy respetuosos con el trabajo del juzgado». Recordó que los informes que ha emitido la Intervención están en poder de la jueza y «la Junta es colaboradora de la justicia».

En este sentido subrayó «que antes de que la justicia iniciara la investigación fue la propia Administración regional la que denunció el caso sobre presuntas anomalías en la gestión de los cursos de formación. Fuimos nosotros quienes dimos esa directriz». López Gil insiste en que «somos colaboradores de la investigación y los primeros interesados en que se aclare esta situación, por tanto, No vamos a entrar en más evaluaciones».

López Gil ha mantenido contacto con Bouza tras prestar éste declaración ante la jueza, «me lo he encontrado por la calle y lo he saludado. Es un compañero».