Las irregularidades halladas en el SAE de Cádiz pusieron en alerta a la Intervención

Cuatro delegaciones territoriales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) concentraban en 2012 tal número de irregularidades en los procesos de concesión de subvenciones dentro del capítulo de la formación profesional para el empleo, que la Intervención General de la Junta acordó realizar una auditoría sobre la gestión de este paquete de ayudas públicas en un periodo más amplio, que comprendiera los ejercicios entre 2009-2012.

El contenido de ese informe especial es una de las piedras angulares de las diligencias que instruye la magistrada Mercedes Alaya, cuyo contenido se ha conocido tras levantarse el secreto de sumario y tener los medios acceso a ese material. Así se ha sabido que entre esas oficinas provinciales del SAE cuya gestión de los fondos públicos dejaba mucho que desear y encendió todas las alarmas estaba la delegación gaditana.

En la edición de ayer se conocía un primer dato sobre el volumen de expedientes de subvenciones sin justificar que llegó a acumular el SAE en Cádiz. La cifra que recoge la Guardia Civil, citando a la Intervención, alcanzaba los 229 millones de euros pendientes de justificación entre 2005 y 2013. Algunos expedientes, detrás de los cuales hay fondos públicos destinados a la realización de acciones formativas, habían cumplido siete años sin que aún el beneficiario hubiera justificado correctamente en qué había dedicado el dinero.

En el sumario, al que ha tenido acceso este medio, la interventora que se encargó de analizar l a actuación del SAE en Cádiz tras destaparse el posible fraude , se encontró con una organización caótica, expedientes a los que les faltaba documentación y una alarmante acumulación de ayudas otorgadas de las que no había constancia documental de que se hubiera realizado un seguimiento al uso que hacían los beneficiarios del dinero público recibido. Nuevamente, una causa judicial cuestiona el control que debía ejercer la Administración andaluza para evitar un menoscabo en sus arcas.

La magistrada Alaya, en el auto que acuerda la imputación del exdelegado provincial de Empleo, Juan Bouza, describe el número de expedientes tramitados sin irregularidades en la provincia de Cádiz de «ínfimo».

Pero también había carpetas de ayudas que aparentemente habían completado el procedimiento administrativo y estaban justificadas. En apariencia debía ser así porque en esos expedientes que también revisó la interventora constaba la certificación de finalidad firmada por el delegado territorial.

Bouza, con su rúbrica, acreditaba que la ayuda había sido correctamente utilizada y para los fines previstos. Y ese es uno de los motivos que le llevó el mes pasado ante Mercedes Alaya por su supuesta participación en tres delitos de malversación, prevaricación y fraude de subvenciones. Una de las imputaciones que pesan sobre el exdelegado es que certificara subvenciones que presuntamente presentaban notables irregularidades.

La interventora las enumera en su informe y entiende que debieron ser elementos suficientes para que la Administración no le diera el visto bueno a esas subvenciones. De haberlo hecho, el siguiente paso habría sido reclamar la devolución de esos fondos a través de los procedimientos de reintegro.

Jamones como material didáctico

Facturas incompletas, gastos injustificados, irregularidades cometidas por los beneficiarios que le impedían disfrutar de la subvención como subcontratar servicios sufragados a través de la ayudas, incumplimientos de plazos... estas son algunas de las anomalías detectadas por la interventora en los expedientes justificados que analizó.

Dentro de ese capítulo destaca las disfunciones que presentaban algunos expedientes con respecto a cómo habían gastado el dinero de la subvención los beneficiarios. La labor de fiscalización se encontró con «gastos excesivos» en docentes o en material didáctico. Así la interventora detectó que se había pagado a profesores que no habían ejercido como tales o que se incluía a docentes que no estaban dados de altas cuando debió realizarse el curso. Unos indicios que apuntan al uso de facturación falsa para justificar unos gastos y desviar el dinero para otros fines no declarados.

En el sumario también constan ejemplos de subvenciones que fueron a parar a la compra de jamones, comidas y regalos y se computó como material didáctico.

Una de las acusaciones que esgrime Alaya contra Juan Bouza es que no hubiera velado por el correcto destino de los fondos públicos dentro de su área de competencia. La interventora concluye en su informe que esa falta de diligencia pudo generar un daño o menoscabo en las arcas públicas.

Por su parte, la Guardia Civil destaca que la Administración andaluza apenas reclamaba la devolución de las ayudas que repartía para la formación en el empleo; sin embargo, sí comenzó a hacerlo tras conocerse que había investigaciones judiciales en curso.

En el esquema que la magistrada del juzgado nº 6 de Sevilla va dibujando a partir de los informes que le remite los investigadores policiales y la Intervención General, el exdelegado de Empleo de Cádiz, que ostentó ese cargo durante ocho años, se sitúa en un escalón intermedio. Tal es así que en el auto de imputación lo señala como un transmisor de las órdenes que recibía de instancias superiores; en concreto, de la Consejería de Empleo.

En ese peldaño por encima estarían los directores generales de Formación Profesional, un área que dependió hasta 2012 de la citada consejería para pasar a integrar las competencias de la Consejería de Educación.

Quien mantuvo el sistema

Aquí se ubica el otro exalto cargo de Cádiz que cayó detenido el pasado marzo en la 'operación Barrado', Manuel Brenes, que fue director general de Formación entre junio de 2009 y abril de 2010. Junto a él los otros tres directores que tuvieron esa responsabilidad durante el periodo investigado. La magistrada considera que todos ellos contribuyeron decisivamente durante sus respectivos mandatos «al mantenimiento del sistema de gestión de las subvenciones que implicaba indiciariamente un reparto arbitrario de los fondos públicos».

Alaya los acusa también de haber favorecido la aplicación de la figura de la exoneración. Con este mecanismo, la Administración liberaba a empresas y entidades de justificar las ayudas que había recibido y de esa manera podían volver a concurrir a nuevas convocatorias. De esa manera, hubo empresarios como el exconsejero, Ángel Ojeda , que a través de sus empresas pudo recibir cerca de 50 millones de euros en ayudas para la formación y solo en cuatro años.

De estas exoneraciones, la magistrada afirma que «se produjeron sin la necesaria motivación y convirtiendo lo que debe ser excepcional en un uso habitual por parte de la Administración en detrimento del erario público», ya que desde 2009 «tales exoneraciones venían produciéndose periódicamente, lo que fomentaba un uso fraudulento de los fondos públicos por parte de los beneficiarios».

El objetivo final de este sistema, como ocurre con el caso de los ERE, en palabras de la magistrada y también de la Guardia Civil, era crear y mantener un «clientelismo político», un clima favorable hacia la Administración socialista.