Alcaldes de Rota y Chipiona no declaran ante la juez que les investiga

Los alcaldes populares de Rota y Chipiona, Eva Corrales y Antonio Peña, respectivamente, se han acogido a su derecho a no declarar ante la juez que investiga su presunta participación en un caso de corrupción urbanística y que les había citado en calidad de imputados.

Fuentes jurídicas han informado de que ambos se han negado a declarar, al igual que las otras tres personas que estaban citadas hoy como imputados: el exalcalde de Rota y actual socio de gobierno de Eva Corrales, Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), el promotor inmobiliario Felipe Castellano y el arquitecto José Luis Rodicio.

Según fuentes de la defensa de los imputados, todos ellos se han negado a declarar porque consideran que el juez ha abierto esta nueva pieza separada, desligada de otro sumario en el que se investigan supuestas ilegalidades en tres convenios urbanísticos firmados por los mismos políticos entre 2009 y 2010, con una documentación incompleta.

Las mismas fuentes de la defensa han destacado que se ha omitido en estas diligencias que este caso, que investiga supuestas ilegalidades en la permuta de un suelo del Ayuntamiento de Rota con Promociones Castellano y en la adjudicación a ésta empresa de la construcción de un aparcamiento, fue archivado por otro juzgado.

Tras este archivo por la vía penal, el caso fue llevado ante la vía contencioso administrativa, que el año pasado, según la defensa, también dictó una sentencia que apuntaba que aunque el procedimiento no había sido «el más adecuado» había sido ajustado a Derecho.

Sin embargo la titular del juzgado de instrucción número 1 de Rota decidió abrir esta pieza separada tras recibir hace unas semanas un informe del Equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil que considera que en el proceso se produjeron delitos continuados de prevaricación y fraude y posible cohecho.

El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Efe, relata que infringiendo diversas leyes en 2006 se aprobó el convenio por el que el Ayuntamiento y Promociones Castellano se permutaron dos fincas, tras lo que se adjudicó directamente, sin concurso público, a esta empresa la construcción de un aparcamiento en el suelo que había intercambiado con el consistorio (y que había comprado poco antes de firmar este convenio).

El informe añade que «durante los años en los que se han tramitado estos convenios, las empresas participadas por Lorenzo Sánchez han recibido importantes contraprestaciones económicas».

Cuando se produjo este procedimiento Lorenzo Sánchez era el alcalde de Rota y Antonio Peña y Eva Corrales, concejales de Urbanismo.

Eva Corrales y Lorenzo Sánchez aguardan aún la sentencia por el «caso horas extras», en el que el fiscal pide cuatro años y 8 meses de cárcel para la alcaldesa, y, junto con Antonio Peña, serán juzgados por el denominado 'caso uniformes', todos ellos relacionados por supuestos delitos de corrupción.

La defensa de los políticos ha restado valor al informe del Equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil que ha dado pie a la apertura de esta causa porque entienden que reproduce, sin comprobaciones, los extremos que se relataban en la querella que los denunció.