La jueza Alaya deja en libertad con cargos a Bouza y Brenes tras las declaraciones

Con los precedentes inmediatos como base, los dos exdirigentes socialistas gaditanos detenidos el pasado martes por orden de la jueza Mercedes Alaya se enfrentarán a tres imputaciones. Por prevaricación, fraude a la administración y malversación de fondos públicos. Esa es la posibilidad más lógica después de que la magistrada dejara ayer en libertad con cargos a ocho de los 16 exdirigentes y dirigentes socialistas detenidos en la víspera.

Anoche compareció ante la juez el exdelegado de Empleo Juan Bouza (delegado provincial de la Consejería de Empleo en Cádiz entre 2004 y 2012), quien se acogió a su derecho a no declarar y salió en libertad con cargos. Idéntico proceso vivió anoche Manuel Brenes ,exdelegado de Educación en la provincia durante la misma década que Bouza,.

La instructora permitió abandonar las dependencias, en la madrugada del miércoles, a las exdirectoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara (para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón de euros) y María Teresa Florido.

Esta última es la cuñada del exconsejero jerezano de Hacienda, Ángel Ojeda Avilés, detenido el pasado agosto en Sanlúcar, acusado de cuatro delitos y considerado uno de los cerebros de la presunta trama. La investigación le achaca la obtención de 50 millones de euros en ayudas para organizar cursos que no se celebraron o incumplieron distintos requisitos legales.

En esta primera serie de salidas, las madrugadoras, también quedaban imputadas y libres la exdelegada de Empleo en Jaén, Irene Sabalete, y a la exdirectora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela.

Ya durante la tarde de ayer, corrían idéntica suerte procesal la delegada de Economía y Empleo de la Junta en Sevilla Aurora Cosano -que se negó a declarar-; la exdelegada de Empleo en Granada y actual directora de la Fundación Pública El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez; la exdelegada de Empleo en Almería, Francisca Pérez Laborda, y la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de Mijas (Málaga), María de la O Ustarán, para quien la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de más de seis millones de euros.

El hecho de que todas estas, anteriores o vigentes, responsables de Formación o Empleo de la Junta de Andalucía hayan quedado en idéntica situación legal (libertad con cargos de prevaricación, fraude y malversación), hace prever que sus compañeros de partido, los gaditanos Bouza y Brenes, que ocuparon idénticos cargos y a los que se achacan las mismas prácticas por acción u omisión, corrieron la misma suerte.

«La Junta creó una red clientelar»

La jueza Mercedes Alaya considera que la Junta de Andalucía ha creado «una red de clientelismo político» a través de la formación, según expone en los distintos autos de imputación firmados hasta ahora contra los detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Barrado' por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía.

En sus autos, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla pone de manifiesto que, desde la Consejería de Empleo de la Junta, se impartían «órdenes» a las distintas delegaciones provinciales de Empleo «para que no se controlara el dinero» destinado a la formación, «creando de esta forma una red de clientelismo político».

En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la «gravedad» de los hechos y tras detectar distintas «bolsas de fraude» que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las «distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma».

En este segundo auto, la instructora recordaba que el 20 de enero «se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación», señalando que «del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando». La operación policial del martes fue el siguiente paso.

Al cierre de esta edición, permanecían detenidos y a la espera de pasar ante la juez los exdelegados provinciales de Empleo de Sevilla, Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE falsos; el de Cádiz, Juan Bouza; el de Málaga, Juan Carlos Lomeña o el de Córdoba, Antonio Fernández, además de Manuel Brenes.