La acusación del fiscal contra el alcalde de Tarifa acaba en ceses en el Gobierno local

Faltan apenas dos meses para los comicios municipales y las alianzas que han sujetado Gobiernos locales dejan de ser indispensables. Eso es lo que ha debido sopesar el alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil (PP), quien ha cesado este miércoles a los dos ediles del PA, quienes junto a dos concejales del partido localista Unión Liberal por Tarifa le habían dado la llave de la gobernabilidad al camaleónico Gil.

La crisis de Gobierno ha estallado al conocerse este martes el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, quien solicita doce años de inhabilitación para el regidor por haber despedido a un empleado público que trabajaba en el Castillo de Guzmán el Bueno y colocar en su puesto al que fuera secretario de Organización del PSOE, Cristobal Iglesias.

Iglesias abandonó el partido socialista poco antes de las elecciones de 2011 y se pasó al PP, quien de la mano de Andrés Gil le facilitó un puesto de trabajo en el Ayuntamiento.

"Un defecto administrativo menor"

En un comunicado difundido este miércoles por el Ayuntamiento, Gil califica el informe de la Fiscalía de "equivocado y desproporcionado", como asegura que se va a demostrar. Tras mostrarse "tranquilo" y expresar su "máximo respeto a las decisiones judiciales", el alcalde se muestra convencido de que la acción de la Justicia "derivará en una situación más coherente", ya que, de haber algo irregular en los hechos investigados, sería tan solo "un defecto administrativo menor".

En ese mismo comunicado, acompañado de una fotografía con cinco miembros del Gobierno local, anunciaba el cese de los dos concejales del PA, Teresa Vaca y Juan Antonio Torán, por pedir su dimisión mediante un escrito registrado en el Consistorio: "El que estos compañeros pidan mi dimisión supera la comprensión del gobierno. Pretenden ahora aparentar una separación que no ha existido y ante lo que es ruido mediático de un asunto judicial que no merece la trascendencia que estratégicamente está teniendo", afirma Gil.

También ha respondido a la petición de dimisión formulada por el PSOE, formación que denunció ante la Fiscalía la contratación de su antiguo dirigente, recordando a ese partido que "ha mantenido durante años a un alcalde imputado", que actualmente tiene "varias condenas por cuestiones urbanísticas demostradas".

Juan Andrés Gil se refiere a Miguel Manella, inhabilitado por cometer un delito de prevaricación al no haber reiniciado un expediente sancionador contra un vecino de la localidad que había construido una chabola en el Parque Natural del Estrecho.

Acusa a los socialistas de falta de "pudor" porque, según dice, ha "realizado durante años una contratación de personal dudosa que todos conocemos".

El ejecutivo local promete "estabilidad y tranquilidad" para el gobierno del municipio porque, según afirman, pueden "hacerlo con holgura". La salida de estos dos concejales le permite mantener al popular la mayoría de nueve ediles. Siete los aporta el PP y los otros dos la Unión Liberal.

Gil es una peculiar figura en la política provincial. En su carrera política de más de 25 años, ha llegado a encabezar las listas de IU, PA, de Tarifa Agrupación Independiente Popular (TAIP) y finalmente del PP; formación con la que ganó las elecciones en los últimos comicios. No era la primera vez que llegaba a la Alcaldía. Ha tenido el bastón de mando en dos ocasiones más pero bajo las siglas de IU y de TAIP. Todo un camaleón político.