Detenidos dos exdelegados de la Junta

La jueza Mercedes Alaya ha ordenado las detenciones de hasta 16 responsables y anteriores altos cargos de las consejerías de Empleo y Educación de la Junta de Andalucía en varias provincias. Entre los arrestados, o llamados a declarar de forma forzosa bajo advertencia de detención, están el exdelegado de la Consejería de Empleo en Cádiz, Juan Bouza Mera, el exdelegado de Educación, Manuel Brenes y Teresa Florido, la cuñada del exconsejero de Hacienda jerezano, Ángel Ojeda.

Este último dirigente está considerado como uno de los mayores beneficiarios de la presunta trama que organizaba cursos de formación falsos (inexistentes, incompletos, o que violaban requisitos legales) pese a embolsarse subvenciones públicas para impartirlos. La investigación, paralela a esta de Alaya y la Benemérita, del Cuerpo Nacional de Policía estima que Ojeda pudo embolsarse hasta 50 millones de euros.

Varias de esas ayudas millonarias, siempre según los investigadores, llegaron firmadas por su cuñada, la exdirectora general de Formación de la Junta, Teresa Florido, destituida por la propia administración autonómica en 2012, nada más estallar el escándalo.

El exdelegado gaditano de Empleo detenido es actualmente funcionario en el Ayuntamiento de Cádiz. Su puesto de trabajo está en el Museo de Las Cortes de la capital gaditana. Ayer no acudió. Brenes fue trasladado a Sevilla desde Arcos de la Frontera, localidad en la que reside actualmente.

La detención de Bouza, la de Brenes y la de la familiar del presunto cabecilla Ojeda –arrestado en Sanlúcar el pasado agosto y que permanece acusado de hasta cuatro delitos– supone una actuación directa contra el germen gaditano de la trama.

Las primeras denuncias de docentes que sirvieron para abrir el caso se sitúan entre Algeciras, en diciembre de 2012, y Chiclana, en julio del pasado año. En esta nueva operación también han sido detenidos otros antiguos y actuales altos cargos de la Junta de Andalucía.

Entre ellos están el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla de la Junta de Andalucía Antonio Rivas y su sucesora en el cargo Aurora Cosano. Esta fase de la operación sigue a la que se realizó en febrero y por la que fueron detenidos para declarar hasta 30 empresarios en la provincia de Cádiz.

Está previsto que pueda producirse alguna detención más por orden de Alaya, a cargo de la Guardia Civil y siempre con antiguos responsables institucionales de la Junta entre los años 2006 y 2010, principalmente.

Registros en cadena

La Guardia Civil ha registrado el consorcio-escuela de Turismo que la Junta de Andalucía tiene en Mijas. Este centro, de gestión mixta con empresas privadas, cuenta con restaurante y hotel donde se han impartido numerosos cursos de formación. Igualmente, entró en 20 empresas e instituciones en busca de documentación. En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la «gravedad» de los hechos y tras detectar distintas «bolsas de fraude» que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).