Una base de datos genéticos que nació tras el 11M

En 2007, se aprobaba una ley orgánica para unificar en una única base la información de perfiles genéticos que guardaban Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Se ponía fin a esa dispersión de datos que sólo favorecía a los delincuentes y ayudaba poco en las investigaciones. La creación de ese banco de datos fue una de las recomendaciones de la comisión de investigación del 11M. El peor atentado en la historia de España puso a prueba la eficacia del trabajo forense en la identificación de víctimas.

La nueva ley, además, acordaba que los cuerpos policiales tomaran muestras de ADN de detenidos implicados en delitos graves o sospechosos de pertenecer a la delincuencia organizada. La base nació con 45.000 perfiles genéticos, 6.000 muestras indubitadas (extraídas a sospechosos por orden judicial) y otras 39.000 recogidas en miles de escenas de crímenes.

En la provincia de Cádiz, esta herramienta ha sido esencial para el esclarecimiento de algunos casos muy sonados como la oleada de violaciones registradas en El Puerto y Puerto Real a finales de los 90 y principios de la década pasada. Un portuense, Rafael Ricardi, fue condenado y pasó trece años en prisión por una violación que no cometió. La investigación criminal basada en el ADN y con técnicas de análisis actualizadas permitió enmendar el error e identificar a los responsables.